Intelecto Opuesto

Nos merecemos mejores viviendas

Este lunes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 del gobierno federal en el que se establecen las estrategias y líneas de acción en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

De acuerdo con el plan oficial, el objetivo es brindar al mexicano el derecho de toda familia para disfrutar de una vivienda digna y decorosa -lo cual hasta la fecha no se ha cumplido-, así como reconocer lo dicho en el artículo 27 constitucional mediante el cual se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, establece los órganos de los núcleos de población, los límites de la pequeña propiedad, y la procuración de justicia agraria, lo cual tampoco ha sido cumplido de manera tajante.

Según el documento, es necesario contar con un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable, mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como a construir y mejorar la vivienda rural.

Señala que las casas, ahora, deben cumplir con características como la calidad, el espacio y el acceso a servicios básicos en cada rincón del país en donde se permita la edificación a empresas constructoras independientes o que trabajen bajo contrato para el gobierno.

Los lineamientos de la SEDATU son claros, y al parecer son los mismos de siempre pero que no se han cumplido a cabalidad por constructores y el mismo gobierno quien recibe las obras: las viviendas en áreas urbanas y metropolitanas en México no cumplen con los estándares de calidad, ni siquiera cercanos a los de una zona rural.

La sobrepoblación de espacios destinados a un cierto número de casas que terminan siendo áreas con hacinamiento de vivienda, generan un problema de falta de servicios, aglutinamiento de basura, de aguas negras y resulta, al paso del tiempo, en detrimento de la calidad de vida, que se supone es lo que se ofrece al ofertar una casa.

De acuerdo con INEGI, en 2012 se registraron 3 millones de viviendas particulares que requieren ser remplazadas debido a las características de sus materiales, espacios e instalaciones; 12.3 millones tienen necesidad de ampliación o mejoramiento.

Además, el decreto señala que en el contexto de crecimiento urbano, la vivienda usada resulta cada vez más atractiva ya que suele estar mejor localizada que la nueva y bajo ciertas condiciones, ofrece una mejor calidad de vida, pero con una casa dañada o sin los servicios indispensables.

La autoproducción de vivienda es una de las soluciones habitacionales más recurrente, detallan, pues entre 2010 y 2012 una de cada tres viviendas propias fueron construidas por su dueño; sin embargo, puede resultar un proceso ineficiente tanto en cuestiones financieras como técnicas, además de que frecuentemente se vincula a los asentamientos irregulares y en zonas de riesgos.

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