Intelecto Opuesto

Hidalgo y la seguridad

El estado de Hidalgo vive una de sus primeras reconfiguraciones en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia, producto no solo de las nuevas implementaciones legales por el Nuevo Sistema de Justicia Penal, sino por la misma dinámica del crimen que encuentra en su diversificación las actividades a realizar para propagarse en todo el país.

Tal es el caso de los recientes hechos en donde se han visto involucrados principalmente personajes que mantenían presencia importante en municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma, Actopan, Tulancingo y la Huasteca. Todas, importantes rutas dentro de Hidalgo para poder trasladarse en el Centro del país de una entidad a otra o de norte a sur, así como de costa a costa, en el país.

El delito al que más se han enfrentado fuerzas estatales en coordinación con el gobierno federal e incluso el Ejército ha sido el robo de hidrocarburo, la extracción ilegal de los ductos de Pemex, y todo lo que conlleva el tema de la gasolina ilegal en el estado.

Como senador y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad Meneses, advirtió en 2015 que tan sólo la sustracción ilegal de hidrocarburos que se realiza por medio de tomas clandestinas representa una pérdida de alrededor de 40 mil millones de pesos al año.

En la Cámara Alta, fue el precursor de la Ley contra robo de hidrocarburos, ya que siempre se pronunció por endurecer las penas y sanciones al considerar que este tipo delitos se han convertido en una importante fuente de ingresos para la delincuencia organizada.

En ese entonces, Fayad Meneses informaba que el mercado ilícito de combustibles se había incrementado significativamente y, al 31 de octubre de aquel año tenía el registro de más de 5 mil denuncias al respecto.

Hoy, con dicha ley no solo se castiga a quien realice la sustracción ilegal de hidrocarburo. Las sanciones se extienden a quien auxilie, facilite o preste ayuda por cualquier medio para la realización del ilícito en plataformas o instalaciones de altamar; a quien utilice información o datos sobre el funcionamiento u operación de las actividades de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.

Si la cantidad es entre mil a dos mil litros, se sancionará con ocho a 12 años de cárcel y de ocho a 12 mil días de salario mínimo vigente; cuando la cantidad sean mayor a los dos mil litros se establecerá una pena de diez a 15 años de prisión y multa de diez a 15 mil día de salario mínimo vigente.

Fayad es un conocedor del tema y por lo tanto se espera que pueda entregar resultados positivos en tanto cuente con herramientas necesarias y apoyo táctico en seguridad; como parlamentario se pronunció siempre por erradicar dicho fenómeno y como gobernador la gente espera que realice lo propio para salvaguardar a los hidalguenses. 

eduardogonzalez.lopez@milenio.com