Intelecto Opuesto

El desafuero de un alcalde

Ante la petición de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo de llevar a la justicia al presidente municipal de Tepehuacán de Guerrero, Hilario Mendoza Benito, quien le propinara en diciembre pasado una golpiza a su esposa, los diputados del Congreso local podrían tardar hasta 70 días hábiles para resolver el juicio político en contra del funcionario serrano.

Es decir, sin pasiones de por medio y con las fechas en mano, sería por allá del mes de mayo cuando el alcalde que rompió la mandíbula a su mujer y la pateó pueda acudir ante un juez para comparecer como cualquier ciudadano por el delito que cometió.

De acuerdo con el diputado local Humberto Lugo Guerrero, presidente de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, el proceso puede alargarse tanto a causa de que al interior del Legislativo se realiza otra indagación, alterna a la de las autoridades judiciales.

“La Comisión Instructora buscará que se integren los elementos del delito, que haya una probable responsabilidad del inculpado y en ese sentido procederá a que ya no subsista el fuero y este probable responsable esté a disposición de las autoridades competentes”, dijo ayer a la prensa que se dio cita en la Cámara de Diputados del estado.

Según información del Congreso, a partir de este miércoles 8 de enero de 2014 se contarán con tres días hábiles para notificar al denunciado respecto al juicio de procedencia; siete días para que el acusado emita una respuesta por escrito ante la Primera Comisión Instructora; y 30 días para que se efectúen las diligencias pertinentes.

Me parece, de inicio –y aclaré párrafos atrás que sin pasiones de por medio- que el que la Comisión Instructora deba analizar todos los argumentos durante el tiempo establecido por la ley para emitir un dictamen final y después de pensarlo y analizarlo dar paso a que las autoridades pertinentes señalen si el delito es de carácter grave o no es una situación que no deja bien paradas a las leyes hidalguenses.

Siendo la Procuraduría del estado la dependencia encargada de fincar las responsabilidades sobre lo que es un delito grave o no, pienso que está de más que los diputados del estado tengan que analizar con lujo de detalle lo que, se supone, ya hizo el ministerio público.

Imponer formalismos y métodos institucionales exquisitos no va con la justicia pronta y expedita; mucho menos en una entidad que lucha para abatir los delitos de género y sobre todo que ha comenzado una agenda de trabajo en dependencias y organismos, desde el Poder Ejecutivo, basada en el respeto a la mujer y a los derechos humanos.

Espero que las estimación del trámite de juicio político que hicieron ayer los legisladores locales haya sido un cálculo bien intencionado en el ánimo de respetar las formas que marca la ley, y que esta tremolina legaloide de papeles para permitir que un presunto agresor sea llevado ante un juez no pernee en la actividad de impartición de justicia en la entidad.

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