Intelecto Opuesto

Los cambios que se avecinan

Con cada llegada de un nuevo año en México se dejan venir como un vendaval de situaciones impredecibles e incuestionables los famosos cambios para presuntamente mejorar las cosas. En particular, con el año fatídico que concluyó y que dejó en evidencia fallas gravísimas del sistema político y de seguridad, así como de impartición de justicia en el país, lo primero que se buscará modificar es el rumbo de dichas cuestiones.

Apenas empezamos el año y en el Poder Legislativo federal ya se comenzó el análisis inmediato de la Comisión de Justicia a fin de desahogar en los próximos días el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la de la Fiscalía General de la República.

La iniciativa fue enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados el pasado 23 de septiembre para su análisis y dictaminación –tres días antes de los hechos de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa- por lo que no existió la premura por sacar un asunto que no se veía de urgente necesidad, sino a la par de la entrada en vigor de las disposiciones de las reformas estructurales, sobre todo las que van de la mano de la reforma política, adecuaciones al Código Penal en materia electoral, entre otros temas.

Ahora, con una PGR desgastada tras el caso Iguala y Tlatlaya, más los que se han acumulado en por lo menos los últimos 8 años desde 2006 a la fecha, o para ser precisos de Atenco a Ayotzinapa, tras la modificación de SIEDO en SEIDO para mejorar la imagen de la institución, poco o nada queda por hacerle a la fiscalía mexicana sino reconvertirla en su totalidad.

Con la ley en cuestión, en la Cámara de Diputados, se sustenta el proyecto de crear una Fiscalía General de la República moderna, autónoma, independiente y técnica para llevar la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Procesal Acusatorio, en donde afirman que predominará lo que en teoría debería estar predominando desde siempre en asuntos que se dirimen por la vía penal: respeto, protección, garantía y promoción de los derechos de las personas, particularmente del imputado y de la víctima del delito.

De acuerdo con información del Congreso de la Unión, los cambios propuestos obedecen en primer orden a lo planteado por la Reforma Político Electoral promulgada en febrero de 2014, para transformar a la Procuraduría General de la República en una Fiscalía constitucional autónoma.

Se detalla de forma muy específica en el planteamiento las facultades del Ministerio Público, entre las que destacan la búsqueda o localización de personas extraviadas o desaparecidas (Ayotzinapa); cuantificación de la reparación del daño (Atenco, Guardería ABC, Tlatlaya, Ciudad Juárez); promoción de soluciones alternas y formas anticipadas de terminación del proceso penal (autodefensas en Michoacán y Guerrero) y la facultad de atracción cuando delitos del fuero común tengan conexión con delitos federales (imputaciones a políticos con crimen organizado).

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