Intelecto Opuesto

¿Sin arraigo habrá más justicia?

La inminente desaparición de la figura del arraigo en los estados para evitar la detención de personas que estén bajo un proceso del fuero común, significa más un triunfo para los argumentos de los defensores de derechos humanos que para la eficacia del sistema de impartición de justicia en el país.

Ayer, por mayoría de votos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron declarar invalido el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo en el que se regula la figura del arraigo para retener hasta por 15 días a una persona que está señalada o acusada de haber cometido algún delito, con el objetivo de abundar en una investigación, o en la recopilación de pruebas que justifiquen su detención.

Este cambio se presenta en el momento en el que se planea la implementación de un nuevo Código Nacional de Procedimientos, en el que se afirma que las personas dejarán de ser culpables hasta que demuestren lo contrario, o al menos eso es lo que aseguran diputados y senadores, así como magistrados de la Corte.

Es curioso porque en muchas de las opiniones vertidas desde ayer por la noticia del arraigo, se puede caer en la creencia de que jamás volverá a presentarse una situación de retención para investigación en torno a una denuncia o hecho delictivo en el estado.

Las autoridades federales seguirán implementando la figura siempre y cuando se traten de delitos del orden mayor: delincuencia organizada.

La determinación, que se preveía desde hace varios días, levantó rápidamente las opiniones de los legisladores; en el caso del PRI, en San Lázaro, el coordinador jurídico de la bancada, Héctor Gutiérrez de la Garza, se mostró preocupado por el fallo pues alude que aquellos homicidas, violadores o delincuentes de trata de personas, que no encuadren en la hipótesis de delincuencia organizada, no serán sujetos de arraigo.

Ante los señalamientos, en el marco del ciclo de conferencias organizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias en el mismo Congreso de la Unión, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López señaló que de acuerdo con el nuevo marco normativo, la presunción de inocencia es un derecho humano, pues toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y debe ser tratado de la misma manera, además de que corresponde al Ministerio Público acreditar la culpabilidad de la persona acusada.

Y arremetió: en nuestro sistema, comentó, al igual que en los de Latinoamérica, confluyen tres características principales, una total y absoluta corrupción, la cual se basa en no solo dar o recibir dinero, sino también al ejercer funciones sin estar capacitado o preparado; otra es la impunidad y un tercero, la incultura en contra del Derecho.

Habrá que ver si, efectivamente, con los cambios realizados, el retiro del arraigo y el nuevo Código Nacional, se tendrá una justicia más pronta y expedita como lo marca la Constitución.

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