Intelecto Opuesto

Reforma política hidalguense

Como viene siendo costumbre en nuestro país, la ley se hace moldeable y perfectible conforme pasan los tiempos; es así como la coyuntura de los momentos que se viven requiere de la adecuación del marco normativo y regulatorio, más por el momento que por la preservación de lo realizado con anterioridad.

En los últimos 4 años, dos reformas políticas se han suscitado en territorio hidalguense, mismas que han salido de las oficinas del Poder Ejecutivo y avaladas en el Legislativo para la homologación, principalmente, de los procesos de votación en la entidad, pero también con la intención de que mejorará la gobernanza municipal, la continuidad de las obras y proyectos, así como la formación de líderes políticos originarios.

En febrero de 2011, previo a las elecciones donde se renovarían municipios en julio, se aprobó la reforma política hasta ayer vigente en donde se ampliaron los periodos de presidentes municipales de 3 a 4 años y 7 meses, esto con el fin de empatar las votaciones para 2016, y de ahí, dejar los periodos de 4 años en ayuntamientos.

Además, se acordó acotar un periodo legislativo local en donde en lugar de 3 años, se tuvieran 2 años y meses para después dar paso a un trienio normal y empatar igual en 2016.

Sin embargo, ayer legisladores locales aprobaron reformas a la Constitución Política en materia electoral, para atender la concurrencia de los comicios electorales locales con la elección de diputados federales en 2018, por lo que por única ocasión, los legisladores locales electos en 2016 durarán en el cargo únicamente dos años.

Asimismo se realizaron adecuaciones para definir que será el Instituto Nacional Electoral (INE)  el que designe a los Consejeros Electorales de los órganos de dirección superior de los organismos públicos locales electorales, que serán integrados por un consejero presidente y seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, los cuales serán electos por siete años.

De igual forma, se estableció que el Senado de la República, tendrá la facultad de elegir y designar a los magistrados electorales del Tribunal Estatal Electoral, al convertirse en un órgano autónomo, totalmente independiente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo.

Con estos cambios, que se supone provinieron de las mesas de la reforma política con los partidos con registro en Hidalgo, la democracia estatal debería caminar de forma transparente y equitativa por lo que a las primeras quejas los que serán cuestionados van a ser los propios líderes de los institutos pues en teoría ellos propusieron y avalaron estas reformas.

Queda en el anecdotario la huella que cada gobernador ha dejado o deja sobre las leyes electorales vigentes, para bien o para mal, pero que son adecuadas conforme al momento que se vive.

eduardogonzalez.lopez@milenio.com

http://twitter.com/laloflu