Intelecto Opuesto

Recursos bajo supervisión

Con la nueva administración federal, desde hace un año aproximadamente, las formas de operar programas y gestionar presupuestos tuvieron un cambio, por así decirlo, radical.

Y es que tanto en oficinas gubernamentales del estado, como en las representaciones nacionales en la capital hidalguense, la orden fue depurar los malos procesos y transparentar la aplicación de recursos.

¿Por qué? por el simple hecho de tener un mayor control sobre quienes son los que obtienen dinero público tanto en un gobierno local, como en una comunidad, o en un proyecto social.

La delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Hidalgo, recién informó a los titulares de poderes ejecutivos en los 84 municipios, que así como se pone atención en la gestión de recursos para las obras de impacto mediático que emplean los alcaldes para, por un lado apoyar a la población, pero por otro para resaltar su figura política, serán supervisados como nunca antes.

De acuerdo con la delegada Patricia González Valencia, existen unos lineamientos y un catálogo de acciones a los que se deben de sujetar los presidentes municipales para programar las acciones y obras que puedan realizar con el presupuesto de fondos federales.

De no tener completa la formalidad y procesos administrativos que la dependencia federal les requiere, aún y cuando hayan realizado la obra, inmediatamente se le solicitará el reintegro del recurso y de no hacerlo efectivamente se iniciará a un proceso de investigación que podría derivar hasta en una causa penal.

Recuerdo la llegada de Vicente Fox en el 2000, cuando se realizaron las principales modificaciones en programas y política social con la creación de la Sedesol y de oficinas como la CDI (Pueblos Indígenas), Oportunidades, entre otros más, que aunque se mantienen a la fecha, están en un proceso de modernización y adecuación a los marcos legales del México del presente.

Más allá de la obligada transparencia que debe existir al interior de una administración pública; en la actualidad se requiere de un minucioso análisis de parte de los gobernantes de todos los niveles que deseen emplear gasto público para realizar obras y acciones en sus respectivos mandatos.

En efecto, ya no es como antes donde se despilfarraba a diestra y siniestra el gasto de Solidaridad con despensas, sino que ahora se prefiere edificar, construir, dejar infraestructura que no sólo sirva a la posteridad sino que deje recuerdo de quién la ordenó o la hizo.

La infraestructura social, sobre todo en municipios, debe ser el rubro más vigilado por la actual administración federal; y precisamente, es por ello que a los alcaldes hidalguenses, se les ha dicho qué deben y qué no deben hacer para no sólo mantener una buena gestión, sino para entregar cuentas claras y evitar problemas en auditorías posteriores.

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