Intelecto Opuesto

Oceanografía mueve las aguas

El caso de supuesto fraude cometido por la empresa Oceanografía, la principal prestadora de servicios de ingeniería geofísica marina, buceo, operación de vehículos sumergibles y mantenimiento a estructuras marinas, a Petróleos Mexicanos, sobre quienes pesan acusaciones de lavado de dinero y créditos millonarios con bancos como Banamex –ventilados por Citigroup- parece haber alentado al endurecimiento de las leyes para castigar el mal manejo y uso indebido de fondos y recursos federales.

En este caso, los primeros paganos en caer son los presidentes municipales, funcionarios de ayuntamientos, así como síndicos y regidores, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la minuta que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución para incluir a los integrantes de los ayuntamientos como responsables por violaciones a las leyes federales, en particular por el manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales.

Con la reforma, argumenta los diputados federales, los alcaldes, regidores y síndicos serán responsables por el manejo indebido de fondos ya que “la función pública del gobierno se sustenta en un eficaz esquema de responsabilidad de los servidores públicos”.

Pero no todo será culpa de los pobres alcaldes y regidores, también los gobernadores, los diputados locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por la “aplicación indebida” de fondos y recursos federales.

Sin embargo, el hecho de que en este sexenio se haya comenzado a atacar en apariencia a la corrupción y el saqueo de las arcas oficiales no nos hace un mejor país ni mucho menos por una simple cuestión llamada: impunidad.

¿Qué pruebas se requieren para actuar en contra de un grupo de ex funcionarios de la pasada administración federal? ¿Cuáles son las causas que tendrían que considerarse como pruebas irrefutables para proceder en contra de políticos?

Desgraciadamente la justicia depende en mayor grado de los momentos políticos y el de ahora, el del PRI del Presidente, es el de limpiar la casa de adentro para afuera.

El mensaje es muy claro, el que manda está en Los Pinos y el que puede o no frenar los asuntos y darles continuidad también es él.

El caso Oceanografía bien puede sentar las bases para una mayor legislación con nuevas sanciones, pero no va cortar la corrupción que existe desde hace muchos años en los procesos federales, en dependencias y en oficinas de la administración pública. Esto, sin contar a la que se presenta en las policías y fuerzas armadas, que provoca la inseguridad y desgobierno, pero que en este momento no es tema de debate. A ver en qué termina todo.

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