Intelecto Opuesto

Legalidad y religión

El caso del sacerdote Alfredo Campos Sancén, detenido la semana anterior por tres denuncias de supuesta agresión sexual, y puesto en libertad una semana después por falta de pruebas, nos presenta un caso único para el Derecho en Hidalgo y tal vez en todo el país.

No sólo la extraña celeridad con que se procesó el tema en juzgados, ni el hecho de que al ser un personaje del clero en una provincia muy ligada al catolicismo tradicional se haya tenido temor de un mayor movimiento social; es el hecho de que se hayan tomado como denuncias formales las confesiones hechas a sacerdotes para actuar en contra de un probable autor de delitos y, segundo, que días después se declare que no son pruebas suficiente so pena de haber arrestado a un cura y llamado a la ira social de un pueblo en donde es como un líder social y ejemplo a seguir.

La defensa del párroco declaró días atrás que las denuncias presentadas en contra de su cliente, con hechos relatados de presuntos actos con tentativa de violación ocurridos en 2011, 2013 y 2015, fueron hechos ante un “tribunal ecleciastico”, figura que no se puede contemplar como jurídica para efectos de iniciar una averiguación. 

Aún así, se tiene una confesión y es por ello que se pudo dar paso a arrestar el presunto culpable y luego dejarlo en libertad al incumplir los denunciantes con una ratificación y/o mayor aportación de las pruebas en contra del sacerdote Campos Sancén.

El Secretario General del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, José Sabás García González, detalló que el juzgador decreto la libertad porque no se acreditaron las pruebas del delito, ya que se desvirtuaron los testimonios presentados por el Ministerio Público.

Según el Tribunal, los dictámenes psicológicos no fueron suficientes, debido a  que los hechos por los cuales se le imputaban los delitos, se supone fueron cometidos años atrás.

Por la tarde de este martes, el padre acusado abandonó el penal de mediana seguridad en Pachuca y fue llevado como Jesús en su entrada a Jerusalén, pero en este caso sin burro y con camioneta, de vuelta a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Mixquiahuala.

Durante todo este periplo el titular de la Iglesia católica en Hidalgo, el arzobispo Domingo Díaz Martínez, se presentó o apareció públicamente para hablar o dar cuenta del asunto; al parecer, se dirimió en despachos y con llamadas.

Los feligreses celebraron con euforia desde ayer e incluso demostraron ser fanáticos seguidores de la religión católica. Una corriente que parece desgastada pero que concurre y aviva los espíritus más lejanos, cuando así se les requiere.

Nadie duda de que el proceso sea justo o apegado a la ley; tampoco se puede calificar al acusado sin tener la certeza de ello y mucho menos decir que todos los sacerdotes tienen tendencias que derivan no sólo en pecados, sino en ilícitos.

Quien afirme lo contrario está obligado a comprobarlo y en Hidalgo, ya vimos que ni lo dicho como confesión o testimonio ante Dios cuenta como prueba suficiente.


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