Intelecto Opuesto

¿Harán cumplir las leyes?

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados en San Lázaro, aprobó el lunes pasado un proyecto para adicionar cuatro precisiones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales promulgada en mayo pasado.

Con las modificaciones, en el Artículo 7 se establece que serán acreedores de las sanciones correspondientes aquellos que “sin causa legalmente justificada” impidan la instalación o clausura de una casilla.

Los artículos 9 y 10 precisan que al funcionario partidista, candidato ciudadano o quien “dentro del ámbito de sus facultades” se abstenga de comprobar gastos de eventos proselitistas de campaña y de remanentes de los partidos políticos que hayan perdido su registro, se le impondrán las multas o penas que especifican estos apartados.

Del artículo 11 se retira el acto de “inducir”, quedando como motivo de castigo al servidor público el coaccionar o amenazar a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña e instar a votar o no por un candidato o partido político.

Asimismo, en el artículo 16 se suprime el acto de “orientar”, quedando como causa de multas a los ministros de culto religioso el presionar el sentido del voto o inducir expresamente al electorado a votar o a abstenerse a votar por un partido o candidato.

De acuerdo con información del Congreso federal, el dictamen formará parte del periodo extraordinario de sesiones previsto para esta misma semana y será efectivo para los siguientes procesos electorales del país.

¿Cómo podemos estar seguros de que se cumplirá a cabalidad con dichas sanciones descritas en las modificaciones legales? ¿Quién o quiénes serán los encargados de impartir la justicia electoral y penal en proceso de votación ahora con la reforma política, cambio de magistrados electorales, desaparición de tribunales estatales y demás disposiciones?

Sinceramente, me gusta que se haya actualizado el marco normativo y se hayan endurecido algunas medidas, sobre todo las de inducir u orientar, que son las más comunes en nuestra sociedad, gobiernos, colonias y fraccionamientos, poblados y ejidos en donde se le pide a la gente que apoyen proyectos políticos a cambio de prebendas, en muchas ocasiones forzosas, pues no hay de otra.

Es buena la propuesta que hacen los legisladores, es una realidad que las modificaciones tendrán que incidir directamente en el comportamiento de operadores políticos y personajes que aparecen de forma intempestiva en cada campaña, con acciones como las que pretenden penalizar ahora en la Ley de Delitos Electorales.

Es urgente también que se actualicen las multas y sanciones a las que se hacen acreedores los que infringen la ley antes citada, pues elecciones van y elecciones pasan y los responsables de violentar los procesos resulta que terminan siendo los más beneficiados con las bondades de la propia ley que los exime de inhabilitaciones para poder seguir participando.

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