Intelecto Opuesto

Gasto público de los estados

Esta semana la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

De acuerdo con los lineamientos de lo acordado, la nueva legislación no impide o limita la adquisición de empréstitos (créditos), sino que establece las bases generales para incurrir en un endeudamiento responsable y transparente a los gobernadores y sus entidades.

Básicamente, la reforma es para tratar de aminorar lo que a todas luces es un atentado a la calidad de vida del mexicano. El 17 de julio de 2013, el endeudamiento en estados y municipios ascendía a 390 mil millones de pesos. Actualmente, este déficit alcanza los 490 mil millones de pesos, es decir, 100 mil millones de pesos más en tan solo un año y medio.

Los diputados federales consideran que es urgente la creación de un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública así como ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar la deuda pública.

Aunado a ello, se busca crear elementos de responsabilidad financiera, como prohibir la contratación de deuda para cubrir el gasto corriente y, en su lugar, destinarse a inversiones públicas productivas y prohibir contratar deuda en el último trimestre de un periodo de gobierno. También obliga a los estados y municipios a liquidar las obligaciones a corto plazo en ese mismo lapso y se prevé la creación de una comisión legislativa bicamaral, fundamental para el sistema que se plantea y cuyas facultades serán, entre otras, sancionar u objetar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados.

Y es que, a la fecha, siete entidades del país adeudan el 62 por ciento de un universo de deuda de casi 490 mil millones de pesos, equivalentes al 2.67 por ciento del PIB nominal previsto para este año.

Por ello se requiere de una participación completa y total de parte de las autoridades en materia de administración y finanzas; de lo contrario, en unos años no se podrá contener el endeudamiento y tendrán que subir forzosamente los precios de productos y servicios, así como el costo de los servicios que otorgan los municipios y los impuestos locales.

Para blindar la propuesta, se prevé la aportación de las legislaturas estatales quienes deben de velar por la buena contratación de créditos con mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes, considerando para ello las mejores condiciones del mercado, destino de los recursos, capacidad de pago y establecimiento de la fuente de pago o del otorgamiento de garantías.

Con la enmienda se establece que las operaciones de refinanciamiento o reestructura de una deuda deberán regirse bajo las mejores condiciones del mercado y sin buscar que estas perduren más allá del periodo en que se gobierna o dejar estipulados los costos para evitar que esta crezca.

 

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