Intelecto Opuesto

Consulta popular en México

El tema de la consulta popular en nuestro país nunca ha terminado de consolidarse como una herramienta de la democracia o de la participación ciudadana, en cambio, sirve más como espacio partidista para la agenda política coyuntural.

Es decir, lo que podría o debería ser un recurso para dar voz y voto a la gente no es más que un mecanismo de legitimación de planes y proyectos gubernamentales que pasan, desde luego y como siempre, por los partidos políticos de nuestro país.

De acuerdo con el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular que aprobaron los diputados federales en marzo pasado se indica que podrán solicitar una consulta popular el Presidente de la República, el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso o los ciudadanos en un número al menos del dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores. Además, no podrán ser objeto de consulta popular: la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; los principios consagrados en el Artículo 40 de la Carta Magna; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

La ley especifica que será la autoridad electoral la encargada de promover y difundir la consulta popular y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra de esta consulta.

Como leemos, es necesario conformar un buen grupo de gente interesada en asuntos de política y sociedad para poder darle forma a una solicitud de consulta popular sin que raye en una simple encuesta común y corriente cuyos datos carezcan de certeza legal.

Lo digo porque parece que la gente jamás podrá realizar una consulta popular sino es dentro de una organización política o apolítica en dado caso, pues lo vemos con el tema, por ejemplo, de los diputados plurinominales o de la reforma energética.

En ambos casos, son el PRI y el PRD quienes llevan la batuta para determinar si se hace o no una consulta de estos temas, para después, datos en mano, ser empleados como elementos de solidez para sus propuestas legislativas y posterior aprobación de leyes.

El PAN, por ejemplo, cree vivir el cuento de la consulta popular con su encuesta sobre el salario mínimo para poder entrarle al debate y poder sacar raja política al respecto.

No digo que esté mal el que los partidos se interesen en preguntarle a la gente su opinión, pero no estaría mal que en vez de que fueran ellos los precursores de este recurso, sea la ciudadanía la que proponga temas a consultarse y cuestione a los representantes populares sobre su aprobación en perjuicio o beneficio de la sociedad.

eduardogonzalez.lopez@milenio.com

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