Intelecto Opuesto

Consejeros vs Magistrados

Ante el reto de enfrentar estas elecciones federales con un nuevo, en apariencia, órgano electoral en México, las posibilidades de éxito son apuestas más que certezas; sin embargo, más que nunca cobra relevancia la labor que viene y tendrá que seguir realizando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien más que nunca deberá ser el apoyo legal insustituible para concluir la labor que en teoría debe iniciar en el INE.

Lo escribo porque parece que mientras los consejeros electorales transitan los 60 días de campañas electorales en debates que van aún desde el proceso administrativo del registro de candidatos hasta los interminables debates y pleitos políticos con los partidos y las organizaciones sociales que piden anular comicios en estados como Guerrero, los integrantes del denominado Trife parecen dar un mensaje claro y contundente: el respeto al estado de Derecho y a la legalidad por encima de cualquier circunstancia.

Basta con revisar sus dos últimas tesis de la última semana, en donde mientras el INE y sus consejeros intentan buscar acuerdos con partidos (diálogo de sordos), en la Sala Superior se determinó dos cuestiones de suma importancia.

La primera, que las autoridades electorales deben adoptar las medidas necesarias a efecto de privilegiar el derecho humano a ser votado a los cargos de elección popular sin el aval de un partido político, en donde ante la ausencia de la ley secundaria en materia de candidaturas independientes, es responsabilidad de las autoridades administrativas-electorales adoptar las medidas necesarias, para que las y los ciudadanos puedan contender sin la necesidad de ser postulados por un partido político.

Esto es tratar los asuntos medulares en tiempo y forma, velar por que se esté aplicando las medidas aprobadas por el propio INE, quien no se ha pronunciado por las candidaturas independientes desde que avaló su nueva aparición en las contiendas electorales, al menos no de la forma que debería de darse.

Por otro lado, el TEPJF, indicó también en días pasados que las cámaras empresariales tienen prohibido realizar aportaciones o donativos a partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. En este caso, el máximo organismo jurisdiccional del país en materia electoral expuso que el criterio jurídico tiene el objetivo de resguardar los principios de igualdad y equidad en la contienda.

Cabe señalar que la ley prohíbe a las empresas realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos y candidatos, para evitar que se trastoque la normativa enfocada a garantizar la equidad en los procesos electorales, recordó el Tribunal y remató con que al emitir este recurso jurisdiccional a las cámaras, es porque al estar integradas por empresas y su objeto es representar, defender y fomentar los intereses comerciales de estas últimas, encuadran en la restricción aludida.

eduardogonzalez.lopez@milenio.com

http://twitter.com/laloflu