Intelecto Opuesto

Cobranza por morosidad

En días pasados los diputados federales aprobaron sancionar con uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial.

Dentro de lo avalado por los miembros del Congreso de la Unión, se plantea también que en caso de que sean utilizados documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentarán una mitad, y si se incurre en usurpación de funciones o de profesión, se aplicarán las reglas del concurso de delitos señaladas en el Código Penal Federal.

De acuerdo con los legisladores, que alcanzaron el acuerdo previsto sin contratiempos y conforme a lo estipulado desde la reforma fiscal del gobierno federal en la materia, la cobranza extrajudicial ilegal es el uso de la violencia o el engaño, así como el hostigamiento o intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas a esta actividad, con independencia del poseedor de los derechos del cobro al momento de llevar a cabo la cobranza.

Se determina que no se considerará como intimidación ilícita informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado éste, cuando sean jurídicamente posibles, informaron los legisladores.

Según algunos datos que dieron a conocer los propios diputados, las acciones de cobranza extrajudicial son ilegales y vulneran los derechos de las personas, por lo que con la reforma se logrará beneficiar a cerca de 3 millones de personas que actualmente se encuentran en situación de morosidad.

Con esto se busca evitar que se afecten los recursos de las personas, ya que dicha cobranza está sujeta a la legislación extralegal y también se apoyará el combate a la usurpación de funciones y las consecuencias posibles de esa actividad, pues en la mayoría de ocasiones los cobradores telefónicos, teleoperadores, visitadores y personal de cobranza externa se acreditan como licenciados en Derecho, integrantes de la Secretaría de Seguridad, empleados del gobierno federal  y hasta ostentan cargos que no existen en México.

A pesar de que la noticia parece ser alentadora para quienes sufren de adeudos con bancos e instituciones comerciales que han prestado para compra de artículos, muebles o diferentes situaciones, la realidad es que también debe caber la prudencia y existir una cultura del pago de deudas en el país. Debo, no niego, pago, no puedo. ¿Y entonces, qué pasará con los actuales deudores que esperan una salida de pago final para liquidar adeudos históricos? Lo mejor es medirse en gastos, evitar molestias y continuar la vida sin la utilización de créditos.

eduardogonzalez.lopez@milenio.com

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