Intelecto Opuesto

Cárceles, en pésima situación

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo emitió su Diagnóstico Penitenciario 2013 en el que determinaron que las cárceles estatales, en regiones, prisiones distritales y Centros de Reinserción Social, padecen un severo problema de sobrecupo y falta de infraestructura.

De acuerdo al informe que el titular de Derechos Humanos, Alfredo Sepúlveda, entregó al secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Alfredo Ahedo Mayorga, en las 18 penitenciarias de Hidalgo hay tres mil 740 reclusos, lo que representa que están en un 42.8 por ciento más de su capacidad.

También detallan que existe la posibilidad de corrupción entre los reclusos, custodios y directivos de las penitenciarias, además de un mayor flujo de drogas de acuerdo a como se manejan los procesos al interior de los centros penitenciarios.

Apenas en noviembre pasado el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  otorgó al sistema penitenciario del estado de Hidalgo un promedio de 4.65 en materia de gobernabilidad en los Centros de Reinserción Social más poblados de la entidad: Pachuca, Tulancingo y Tula de Allende.

De acuerdo con este estudio, los tres penales los custodios carecen de un manual de procedimientos para casos de motín, uso de la fuerza, además de solicitar audiencia con las autoridades, presentar quejas, visita familiar e íntima.

La CNDH documentó que en los tres centros de reinserción social analizados existen deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos del Centro ya que existe control por parte de los internos en seguridad, además de actividades productivas, educativas y deportivas.

En tanto, el estudio estatal denuncia que el constante crecimiento de la población se agrava al analizar la infraestructura de los centros de reclusión, pues muchos de ellos carecen de espacios para recibir capacitación laboral, practicar un deporte o estudiar derivado de que están en inmuebles ideados para otras funciones.

La Comisión señala al mal diseño de política criminal como una de las causas de la sobrepoblación en el sistema penitenciario, ya que se carece de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. De los tres mil 740 reclusos, mil 687 se encuentran en proceso, una situación por demás grave porque puede tratarse de gente inocente o que no se le puede comprobar el delito por el que son acusados.

Tanto el organismo defensor nacional como el estatal, coinciden en que existe violación a los derechos humanos de los internos de cárceles, no por el proceso jurídico al que enfrentan, sino por la nula readaptación que viven, que en teoría, debería de ocurrir lo contrario al estar siendo inducidos a un proceso de renovación para, además de cumplir su condena –pagar la deuda con la sociedad como dicen- alistarse para salir de nuevo a las calles sin nada más que una vida nueva.

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