ADN mexiquense

El lucro con el derecho a la salud

La constitución es muy clara y precisa al establecer como obligación del Estado garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos, porque un pueblo sin salud es un pueblo condenado a la miseria y a vivir de la caridad.

A su vez el mandato de la Organización Mundial de la Salud es muy claro al establecer que: "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad".

Por lo tanto el derecho a la salud está estrechamente ligado a otros derechos humanos fundamentales y su materialización depende de la realización de estos otros, especialmente el derecho a agua potable, al saneamiento adecuado y a una buena alimentación.

Si es una obligación del Estado por mandato constitucional y por adherirse a las normativas internacionales como miembro de la Organización de las Naciones Unidas, cabe preguntarse ¿por qué entonces se lucra con este derecho para fines políticos electoreros?

En campañas políticas se lucra con ese derecho, y ya en el ejercicio del poder, se toman decisiones que perturban el funcionamiento correcto de las instituciones de salud, sólo por el hecho de cumplir con las promesas demagógicas hechas en campaña.

De por si las clínicas del IMSS, ISSSTE e ISSEMYM en el Estado de Méxic, no son suficientes para atender las demanda de servicios médicos de su población derechohabiente, y ahora por capricho gubernamental están obligados a dar atención a la población abierta. Tal decisión atenta contra los derechos de los derechohabientes que con sus aportaciones hacen posible el funcionamiento de las instituciones de salud para ellos y sus familias.

De por sí antes que no había atención a población abierta el servicio de salud era deficiente, pues las personas se tenían que formar desde las 4 de la mañana en las clínicas para tener acceso a una ficha y acudir con su médico familiar y esperar hasta tres meses para tener derecho a una consulta de alta especialidad. Hoy con la apertura a la población abierta la situación es más que complicada, porque siguen siendo las mismas clínicas, el mismo personal, más derechohabientes y más pacientes que atender por permitir el acceso a quienes no hacen aportaciones.

El malestar de los derechohabientes del ISSEMYM, ISSSTE e IMSS, no es porque se le brinde atención médica a la población abierta, sino porque las autoridades no se preocupan por mejorar la infraestructura física y humana de las instituciones de salud.

Al final de cuentas los que están en el ejercicio del poder no hacen uso de esos servicios pues, por una ley que ellos mismos crearon, cuentan con seguro de gastos médicos mayores y por lo tanto se atienden en hospitales particulares, claro con cargo al erario público.

Porque lo único para lo que les sirven sus aportaciones al IMSS, ISSSTE e ISSEMyM son para afianzar una buena pensión en su etapa de retiro que se sumará a la que recibirán por los seguros que están pagando ahora con cargo al erario.

Eso es lo que no se vale, que ellos tengan todo lo mejor y los derechohabientes tengan que soportar pésimos servicios, por una postura demagógica.

Es una lástima que se lucre con un derecho, cuando es una obligación garantizarlo.