ADN mexiquense

Fiscalía anticorrupción ¿real o ficción?

Académicos, intelectuales y estudiosos de las ciencias política y jurídica residentes en el Estado de México interesados en que el comportamiento de los servidores públicos para con la sociedad sea transparente y se eliminen prácticas que demeritan el quehacer gubernamental, plantean sus dudas sobre si cumplirá con su cometido tanto el sistema estatal anticorrupción como la fiscalía del mismo nombre.

La duda es lógica, pues no convence a muchos que la designación de los responsables de ser garantes de la transparencia y la lucha contra la corrupción recaiga en el gobierno y no en la sociedad.

No cuestionan la probidad de las personas sino la forma en que llegan sin una evaluación rigurosa de los sectores más representativos de la sociedad y eso hace que se dude en que se cumpla con el propósito por el cual asumieron esta responsabilidad.

Puede darse el beneficio de la duda y creer que a pesar de que asumen el cargo por una empatía con el gobernador o el procurador y con el aval de los partidos políticos, cumplirán con su responsabilidad y harán valer la legislación sin importar que una imputación directa de corrupción sea en contra de quien los propuso para el cargo.

Si actúan en consecuencia, entonces tendrán el respaldo y reconocimiento de la sociedad y con ello dar esperanza de que el quehacer gubernamental estará vigilado y será sancionado si incumple y de igual forma castigar al ciudadano o ciudadanos que pretendan corromper el trabajo del servicio público.

No hay esa certeza social, pues hay un antecedente que hace que la duda sea grande. Lo que sucedió con el secretario de la función pública del gobierno federal que desde antes de que diera a conocer el dictamen sobre si hubo o no conflicto de interés en el asunto de la casa blanca del presidente Peña Nieto y de la casa de Malinalco del entonces secretario de Hacienda. El resultado de la investigación se conoció desde el mismo día que fue encargado al funcionario, sólo que lo hizo legal.

Los diputados han sido cuestionados también por esos grupos de la sociedad civil pues avalaron los nombramientos sin hacer alguna observación.

Lo anterior genera expresiones de que se cumplió con un acuerdo político sin importar si va a funcionar o no. Es decir, la sociedad otra vez quedo al margen de una decisión tan importante en la que por lo menos debió haber sido consultada, pues es de la propia ciudadanía donde emana el reclamo de sistemas que luche contra la corrupción.

Pero como se menciona párrafos anteriores demos el beneficio de la duda y un voto de confianza en que cumplirán con su responsabilidad y no serán los solapadores ni tapaderas de actos de corrupción.