ADN mexiquense

Desapariciones, ejecuciones y secuestros

La desaparición hasta el momento de 43 estudiantes normalistas de Guerrero, de alguna manera ha aminorado la presión que existe sobre las autoridades federales en torno a la presunta ejecución de 22 delincuentes cuando ya se habían rendido por parte de elementos del Ejército en Tlatlaya.

Ambos eventos violentos son graves y confirman aún más la desconfianza de la población en las instituciones responsables de garantizar la paz y la seguridad de los mexicanos.

No sorprende en lo absoluto que integrantes de las corporaciones policíacas, el Ejército y la Marina, se vean involucrados en hechos que ponen en tela de juicio la razón de su existencia: Seguridad y paz en la sociedad.

Se podrían enumerar cantidad de sucesos como secuestros, de-sapariciones de personas inocentes, ejecuciones innecesarias, lo grave es que la mayoría de esos delitos que se cometen quedan impunes y la sociedad por ello cada vez niega un voto de confianza a las instituciones.

En el Estado de México, no solo ha sido Tlatlaya el escenario de ejecuciones, secuestros, desapariciones forzadas, también lo ha sido Valle de Bravo, Toluca, Metepec, Atizapán, Naucalpan, Luvianos, Ixtapan de la Sal y muchos otros municipios donde la violencia se ha apoderado y reina la inseguridad.

Los acontecimientos en Tlatlaya no son aislados, son casos que se registran a menudo y no se con ocían porque había mucha información oculta y cuando sale a la luz, entonces todo se pretende justificar.

Eso es lo delicado, justificar los acontecimientos y no ponerles un fin, tratar de evitar que la institución involucrada en los hechos salga lo menos raspada, para que no se dé un enfrentamiento entre los que están al frente de las instituciones.

Esa actitud gubernamental, de proteger a las instituciones policíacas, es lo que genera no solo desconfianza, sino también impunidad y por consiguiente que al delincuencia se burle del clamor social de justicia.

Lo de Tlatlaya es tan grave como las ejecuciones de hace dos años en Metepec, o de los cadáveres encontrados en Ocoyacac en el 2008, o los secuestros en Valle de Bravo y las desapariciones de líderes sociales en el sur de al entidad.

Todo es grave, todo merece atención, pero principalmente todo merece que se esclarezca y que la sociedad quede conforme con el veredicto y no lo dude.

Ese es el gran reto de las autoridades, que el veredicto al que se llegue después de los juicios que se hagan de los eventos violentos que se han vivido sean aceptados por la población y no sólo se cumpla con el trámite legaloide como ha sucedido hasta ahora.