En sintonía

Ley que es letra muerta

La necesidad de contar con una vivienda, con un patrimonio de vida para ser compartido con la familia, una vez satisfecha se convierte en una ilusión que nadie más que aquel que lo ha logrado puede describir como esa mezcla de emoción e inspiración para volver ese sitio en el mejor para esperar el futuro en convivencia, en un hogar.

Lamentablemente muchas de estas ilusiones se vienen abajo al tomar malas decisiones al momento de seleccionar ese sitio, que lejos de convencernos de inicio, son respaldadas por la insistencia de quienes dedicados a vender esas casas y su labor de convencer, y logran al final que adquiramos un problema que en el corto plazo no sabemos cómo resolver.

Para qué hoy existan tantos acreditados del gobierno, debe haber coincidencias y con ellas cadenas de corrupción al permitir la construcción de sitios de baja calidad en todos los sentidos. Viviendas caras, hechas con materiales baratos, edificadas en sitios susceptibles a impactos de la naturaleza, alejados de la mancha urbana y sobre todo con reducidos espacios que redundan en una convivencia hacinada.

La falta de una regulación precisa en la materia y la voracidad de los fraccionadores, en combinación a gobiernos voraces, sin escrúpulos, hoy han convertido esos sitios de convivencia en espacios de sufrimiento para quienes buscaban únicamente prosperidad.

Ya de por sí en decadencia, muchos de estos fraccionamientos son el mejor ejemplo que la ley, para algunos, está hecha para ser desafiada y tristemente convencernos que es letra muerta por la inacción de quienes en hipótesis deberían emplearla para castigar lo que atenta y agravia a los intereses de terceros, del gobierno mismo.

Hoy en día, todos los sectores con casas de interés social son el reflejo de una anarquía que crece ante la indiferencia de autoridades que no están dispuestas a arriesgar capital político a cambio de la aplicación irrestricta de la ley.

La invasión de áreas verdes y de uso común son una práctica tan sencilla para quienes han decidido ampliar las dimensiones de sus propiedades originalmente adquiridas.

Aquí la propia práctica se traduce en ilegalidad a la que hay que añadir el disimulo para no exigir al menos un permiso de construcción y para rematar ni siquiera se refleja en un aumento al impuesto predial.

Esto último sería, claro, avalar lo mal hecho, que tampoco están en disposición de hacerlo los gobiernos.

A ver hasta cuándo.

Sus comentarios los recibo con gusto en mi dirección electrónica eduardo.arias@milenio.com y en Twitter @EduardoAriasTV Hasta la próxima.