Articulista invitado

Consolidar un sistema de registro e identificación para mexicanos

Insistir en la construcción de un proyecto nacional “desde cero” parece no reconocer la complejidad que representa semejante tarea: es cerrar los ojos frente a uno consolidado y exitoso como el padrón electoral y la credencial para votar.

En los últimos días ha vuelto a surgir la discusión sobre el documento para acreditar la identidad en México. Se trata de un tema que ha quedado pendiente en la redacción de la Constitución y en las leyes desde hace décadas; el derecho a la identidad se ha resuelto parcialmente en un transitorio vigente desde 1990 y su solución no puede esperar. No es para menos: la posibilidad de acreditar la identidad no es solo fundamental para prácticamente cualquier actividad de la vida pública, sino que es condición para el ejercicio de los derechos más fundamentales.

Por eso, en la deliberación sobre el tema, creo fundamental aportar algunos elementos para la reflexión que lleven a la mejor decisión.

Como se sabe, la credencial para votar con fotografía es hoy, en los hechos, el principal documento utilizado para la identificación de los mayores de 18 años. No hay en México un documento de identificación oficial que conjugue mejor las características que hacen de este instrumento un referente cotidiano: posicionamiento, credibilidad, seguridad y cobertura.

Por su parte, el documento de identidad universal, si bien constituye una de las grandes aspiraciones del Estado mexicano —pospuesta por más de 20 años—, no ha logrado materializarse. Se trata de un dilema en donde la realidad y la historia rebasaron el ideal puesto en la Constitución, de un documento de identidad que serviría para todo fin. Es decir, en tanto en México no existió un documento de identificación ideal, la credencial para votar, originalmente pensada solo para fines electorales, se convirtió en el documento de identificación por excelencia que hoy, luego de 25 años de experiencia registral, constituye un patrimonio de la sociedad mexicana.

Desde 1990, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) comenzó una interminable e incansable carrera, continuada por el hoy Instituto Nacional Electoral (INE), que permite mantener actualizado y depurado el padrón electoral, transparentar su conformación, fortalecer la protección de datos personales, así como desarrollar y actualizar la normatividad que regula su funcionamiento, entre otras tareas, que han ganado la confianza de los ciudadanos y de los diferentes actores políticos.

Actualmente se encuentra en el padrón electoral más de 97 por ciento de los ciudadanos mexicanos residentes en el país, con sus datos biométricos y personales actualizados. A octubre de 2016 se cuenta con 83 millones 546 mil 129 registros con fotografías y 83 millones 320 mil 642 registros de huellas dactilares, de los cuales 50 millones 8 mil 103 incluyen las 10 huellas de los ciudadanos y 33 millones 312 mil 539 los dos dedos índices.

En 1992 se publicó el decreto que modificó la Ley General de Población, según el cual, “en tanto no se expida la Cédula de Identidad Ciudadana, esta credencial (para votar con fotografía expedida por el entonces IFE) podrá servir como medio de identificación personal en trámites administrativos, de acuerdo a los convenios que para tal efecto suscriba la autoridad electoral”.

Desde entonces, la credencial para votar se ha generalizado entre la población como el documento que autentica la identidad de los mexicanos mayores de 18 años y ha tomado una dimensión mucho más amplia que la de un documento para votar. Su desarrollo ha consistido en adicionar de manera gradual elementos cada vez más sofisticados, con base en estándares internacionales, que acreditan con certeza la identidad de los ciudadanos.

Cuando acertadamente se retoma en la discusión pública la necesidad de universalizar la posibilidad de acreditar la identidad (es decir, no solo para mayores de edad), resulta fundamental considerar la importancia de dar continuidad a los esfuerzos del Estado mexicano para dotar de un instrumento de identificación oficial, altamente reconocido por instituciones públicas y privadas —y además gratuito—, como lo es la credencial para votar. Dada la experiencia acumulada por el INE en las últimas dos décadas, el tamaño del Registro Federal de Electores, y los ya sofisticados mecanismos de actualización y control con que se cuenta, pareciera que la clave para universalizar este derecho tiene que ver con armonizar el modelo constitucional y legal con la realidad imperante.

Insistir en la construcción de un registro nacional de mexicanos “desde cero” parece no reconocer la complejidad que representa semejante tarea: es cerrar los ojos frente a un proyecto consolidado y exitoso como el padrón electoral y la credencial para votar. El Registro Federal de Electores se ha convertido de facto en el registro nacional de ciudadanos y, como tal, en un activo del Estado mexicano, cuya formalización jurídica y fortalecimiento no debe desestimarse, para avanzar de manera definitiva en la consolidación de este proyecto en el que se han invertido cuantiosos recursos económicos, humanos e institucionales a lo largo del último cuarto de siglo.

*Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral