Sin rodeos

¿Quiénes son más de culpar? / I

Estamos ante dos expectativas, únicas, irrepetibles y de enormes consecuencias para México.

La primera de ellas es el nuevo aeropuerto internacional que se construirá en terrenos propiedad del gobierno federal, ubicados en el Estado de México y aledaños a la capital.

Obra portentosa —por admirable— que, si se ejecuta con honestidad y patriotismo, pondrá al país en los primeros lugares en materia aeroportuaria. Requerirá de cuantiosas inversiones, generará miles de empleos temporales y permanentes, directos e indirectos; aumentará el tráfico de personas, bienes y servicios, y favorecerá nuestra hermandad con los demás pueblos de la Tierra. Producirá múltiples beneficios para las comunidades contiguas, y nada justificaría que lo impidieran fanáticos y argüenderos.

Ante ello, los mexicanos tenemos dos deberes:

1) Apoyar con toda decisión y sin vacilaciones al gobierno federal —presente y venidero, pues la construcción rebasará  este sexenio— así como contrarrestar el trillado activismo de “luchadores sociales” que tratarán de abortar el proyecto con “macheteros de Atenco” y encapuchados, profesionales del vandalismo.

2) Que los ciudadanos y las organizaciones sociales exijamos al gobierno absoluta legalidad y transparencia en su proceder, para que no se produzcan las consuetudinarias tracaladas de algunos funcionarios asociados con empresas de amigos y cómplices que al final reporten las cuentas del Gran Capitán: “Por picos, palas y azadones, mil millones”.

Ante la desconfianza de los ciudadanos, la salida fácil pero irresponsable sería oponernos a todo y distanciarnos de las autoridades. Lo pertinente será apoyar, vigilar y exigir, con determinación y rigor, el buen proceder del gobierno.

La segunda expectativa, DE NO MENOR TRASCENDENCIA, consiste en el destino que se dará a los terrenos que ocupa el actual aeropuerto.

No hay metrópoli en el mundo que a tan solo siete kilómetros de su plaza central pueda disponer de varios cientos de hectáreas para revertir, en gran medida, los efectos del caos que la falta de planeación y de autoridades honestas ha producido, con monstruos tan agresivos como el llamado DF.

Existe la propuesta de financiar el proyecto con el importe de los terrenos que quedarán libres, dándolos a empresas privadas, para negocios privados. O sea, “que del mismo cuero salgan las correas”; solución cómoda, rápida y criminal, pues hay otras formas para allegarse los recursos, sin agravio del interés social. Y no es verdad que por pertenecer el predio al gobierno federal únicamente a él corresponda decidir. En cuestiones de esta trascendencia deben ser tomados en cuenta, por elemental responsabilidad de bien común y de apego al Derecho Público, las autoridades locales, los urbanistas
nacionales y extranjeros— más capaces, y los mexicanos que tengan algo que decir.

Evitemos que la pregunta del futuro sea: “¿Quiénes son más de culpar, los que abusaron del poder o quienes los dejamos abusar?”