Sin rodeos

¡Todo por el adjetivo!

De lo informado sobre el violento diferendo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el relator de la ONU, opino:

PRIMERO. Todos los pueblos han sufrido y sufren, en mayor o menor grado, la abominable agresión de la TORTURA, consumada siempre por depravados y cobardes.

Lacerar cuerpos y almas de seres humanos en estado de indefensión ha provenido de gobernantes, de organizaciones criminales, de delincuentes comunes o clérigos y líderes religiosos. Sea para arrancar “confesiones”, para eliminar a “enemigos” políticos, para vengar agravios, para obtener “rescates”, por “justicia revolucionaria” o “en nombre de Dios” para castigar a infieles.

Ningún pueblo ha escapado a esos hechos bestiales, y nada hace pensar que desaparecerán totalmente. La fuerza —civil, política o religiosa— a veces produce tropelías.

De ahí la importancia de lograr buenas leyes, instituciones limpias y ciudadanos educados en el deber y el honor.

SEGUNDO. La disputa a que me refiero no es en cuanto a la existencia de la tortura en México, sino en el adjetivo de “GENERALIZADA”.

Al gobierno le duele que el relator —después de reconocer que su metodología fue “rudimentaria e insatisfactoria en varios niveles”— concluyera con tan grave calificativo. También le reprocha el omitir en sus declaraciones las respuestas del Estado mexicano. Él niega haber considerado así a su método, y sostiene —“como experto independiente”— que cientos de testimonios recogidos en prisiones le formaron tal convicción. No obstante lo anterior, encuentro una contradicción cuando responde que sus palabras fueron sacadas de contexto, y afirma: “Digo que es rudimentario porque no tenemos ninguna oportunidad para entrevistar a los testigos directamente, para analizar documentos o para contrastar opiniones. Lo único que hacemos es esperar del gobierno alguna respuesta”. Sustenta su dictamen en que “los 14 casos representan a por lo menos 107 víctimas mexicanas”, y que de miles de denuncias solamente cinco han alcanzado condena judicial.

TERCERO. A nadie escapa la realidad mexicana en sus dos vertientes: una, malos tratos y torturas —no excepcionales, pero tampoco generalizados— durante  aprehensiones, así como en cárceles y “separos”; otra, el socorrido argumento de defensa, muchas veces inducido por abogados, de que el preso se diga violentado física y moralmente. Existen, inclusive, manuales de grupos delincuenciales instruyendo así a sus huestes para los casos de caer en cautiverio. Lo primero no lo niega el gobierno; lo segundo lo omite el relator. Confiar solamente en el dicho de reos, y concluir que es “su percepción” la “tortura generalizada” no parece corresponder a la prudencia de un “experto independiente”. ¿Los cientos que le declararon deberán ser puestos en inmediata libertad?

CUARTO. No se advierte mala fe en las partes, pero no ayudan las increpaciones. Procede rectificar cualquier exceso y seguir trabajando juntos en favor de los derechos humanos. Es lo justo y lo impostergable.