Sin rodeos

Preguntas para los que preguntan

La “Pregunta Parlamentaria” del PRD para que el Presidente de la República, comandantesupremo de las fuerzas armadas, revele nombres y grados de los  militares implicados en el caso Tlatlaya, einforme qué autoridades intervienen en los procesos contra los presuntosresponsables de asesinar a quienes se hallaban rendidos, da lugar a variaspreguntas obligadas:

¿Será útil, para algún fin lícito y que corresponda a su desempeño desenadores, conocer y que conozca la sociedad nombres y grados de quienes participarono participan en el asunto de mérito?

¿Los nombres y grados de militares, y la identidad de fiscales y jueces lesresultan indispensables para coadyuvar a la justicia, o simplemente estamosante un exhibicionismo obsceno que pretende zaherir al Ejército?

¿Estarán conscientes de lo que puede sobrevenir —como consecuencia de lasrespuestas—, como poner en grave riesgo de venganzas a los militares delatadosy a sus familias?

¿Y por cientos de policías, soldados y marinos torturados y asesinados nohay preguntas ni derechos humanos?

Los reclamos que hemos hecho —y debemos mantener— para que se investigue afondo lo sucedido, y se castigue severamente cualquier acto execrable que hayatenido lugar en Tlatlaya, no debe ser pretexto para dar paso a interrogatoriosde un poder a otro que faciliten o conduzcan a nuevos actos de barbarie, comolo es el linchamiento; y peor si éste puede alcanzar a seres inocentes.

La vida e integridad de todo ser humano, incluidos los delincuentes mástorvos, deben ser protegidas inexcusablemente por el Estado.

En efecto, al Ejecutivo y demás autoridades les está prohibido, por ley,divulgar datos contenidos en averiguaciones y procedimientos criminales quepuedan obstaculizar la justicia o poner en riesgo la vida, seguridad o salud delas personas. Con mayor razón cuando  setrata de responder a preguntas impertinentes, ociosas, con manifiesta  morbosidad y evidentemente peligrosas.

Los artículos, 16, 165 y 193 Quintus del Código Federal de ProcedimientosPenales protegen la información CONFIDENCIAL relativa a los datos personales detodo imputado. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaGubernamental también tutela ese bien jurídico, y la excepción para casosde  violaciones graves de derechosfundamentales y delitos de lesa humanidad (art. 14, último párrafo) se refierea “información RESERVADA” que no sea “información CONFIDENCIAL relativa a losdatos personales del inculpado” (art.19). Existe, pues, una clara diferencia.

Las preguntas hechas al Ejecutivo definen, por sí mismas, el talante y lairresponsabilidad de quienes las formulan. Ojalá que el Presidente tome encuenta que, en todo caso, no debieron formulárselas a él; que son contrarias ala ley; que a nadie benefician, y que agravian a las fuerzas armadas y aMéxico.

Que no haya impunidad en Tlatlaya, pero si en el Senado, en verdad, “LA PATRIA ES PRIMERO”, susintegrantes no deben propiciar la sinrazón, la violencia ni el odio.

La “Pregunta Parlamentaria” del PRD para que el Presidente de la República, comandante supremo de las fuerzas armadas, revele nombres y grados de los  militares implicados en el caso Tlatlaya, e informe qué autoridades intervienen en los procesos contra los presuntos responsables de asesinar a quienes se hallaban rendidos, da lugar a varias preguntas obligadas:
¿Será útil, para algún fin lícito y que corresponda a su desempeño de senadores, conocer y que conozca la sociedad nombres y grados de quienes participaron o participan en el asunto de mérito?
¿Los nombres y grados de militares, y la identidad de fiscales y jueces les resultan indispensables para coadyuvar a la justicia, o simplemente estamos ante un exhibicionismo obsceno que pretende zaherir al Ejército?
¿Estarán conscientes de lo que puede sobrevenir —como consecuencia de las respuestas—, como poner en grave riesgo de venganzas a los militares delatados y a sus familias?
¿Y por cientos de policías, soldados y marinos torturados y asesinados no hay preguntas ni derechos humanos?
Los reclamos que hemos hecho —y debemos mantener— para que se investigue a fondo lo sucedido, y se castigue severamente cualquier acto execrable que haya tenido lugar en Tlatlaya, no debe ser pretexto para dar paso a interrogatorios de un poder a otro que faciliten o conduzcan a nuevos actos de barbarie, como lo es el linchamiento; y peor si éste puede alcanzar a seres inocentes.
La vida e integridad de todo ser humano, incluidos los delincuentes más torvos, deben ser protegidas inexcusablemente por el Estado.
En efecto, al Ejecutivo y demás autoridades les está prohibido, por ley, divulgar datos contenidos en averiguaciones y procedimientos criminales que puedan obstaculizar la justicia o poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Con mayor razón cuando  se trata de responder a preguntas impertinentes, ociosas, con manifiesta  morbosidad y evidentemente peligrosas.
Los artículos, 16, 165 y 193 Quintus del Código Federal de Procedimientos Penales protegen la información CONFIDENCIAL relativa a los datos personales de todo imputado. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental también tutela ese bien jurídico, y la excepción para casos de  violaciones graves de derechos fundamentales y delitos de lesa humanidad (art. 14, último párrafo) se refiere a “información RESERVADA” que no sea “información CONFIDENCIAL relativa a los datos personales del inculpado” (art.19). Existe, pues, una clara diferencia.
Las preguntas hechas al Ejecutivo definen, por sí mismas, el talante y la irresponsabilidad de quienes las formulan. Ojalá que el Presidente tome en cuenta que, en todo caso, no debieron formulárselas a él; que son contrarias a la ley; que a nadie benefician, y que agravian a las fuerzas armadas y a México.
Que no haya impunidad en Tlatlaya, pero si en el Senado, en verdad, “LA PATRIA ES PRIMERO”, sus integrantes no deben propiciar la sinrazón, la violencia ni el odio. M