Sin rodeos

“Aténganse a las consecuencias”

¿Sabe usted cuánto duraría en su desempeño, en cualquier país de la Tierra, un perito invitado, contratado y pagado como auxiliar de la justicia, para que aportara sus conocimientos técnicos y científicos a las autoridades constitucionales, si se tomara la licencia de decirles ante un diferendo y varias fricciones de por medio: “aténganse a las consecuencias”? La respuesta es sencilla: lo que tardara en salir por donde había entrado.

Pues la PGR ha superado muchos incidentes con algunos de los expertos extranjeros que intervienen en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Han coincidido dictámenes de la institución con los emitidos por peritos de la UNAM y extranjeros de reconocido prestigio. Ha privilegiado la búsqueda de los jóvenes y llevar a los presuntos criminales ante los jueces. Tiene a más de cien en la cárcel y han sido plenamente identificados los restos de algunos muchachos.

Pues ahora, en las redes sociales, ONG que dicen representar a los padres de los desaparecidos afirman que algunos procesados por el horrendo crimen “fueron torturados de manera sistemática”.

No obstante estar firme e intocada la pretensión punitiva del Estado —a pesar de incidentes de libertad no concedida—, ahora surge, a más de un año y medio de los hechos, una estrategia, de manera inopinada y simultánea, en voz de quienes dicen defender a las víctimas, arguyendo torturas en la causa. Más todavía, los que se quejan de esos tratos no se someten a las autoridades certificadas para que les apliquen el Protocolo de Estambul y determinar la verdad al respecto. Curiosamente solo lo aceptan si lo practican quienes están en disputa mediática frente a la PGR.

Ante videos, imputaciones firmes, directas y sostenidas por los estudiantes sobrevivientes, dictámenes periciales, intervenciones y extracciones telefónicas autorizadas por jueces, testimonios de personas ajenas a los hechos, confesiones autoinculpatorias rendidas judicialmente en presencia de los representantes de las víctimas, y la afirmación pública del abogado de ellas, Vidulfo Rosales, que “fueron los policías municipales quienes levantaron a los jóvenes y los entregaron a sicarios de Guerreros Unidos”, los que alegan tortura buscan que se caiga el proceso, que los asesinos regresen a las calles y que se acredite ante el mundo el atractivo y deseado “crimen de Estado”.

Esa es la fuerza del crimen organizado. Detrás de ONG quieren impunidad, debilitar instituciones —principalmente a las fuerzas armadas— y que el negocio de las drogas continúe viento en popa. Siguen la cátedra de Goebbels, ministro de propaganda nazi: “Miente, miente que al final algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá”.

No obstante ello, y del nunca antes visto mayor esfuerzo de sociedad y gobierno para llegar a la verdad y al castigo, y de lo hasta hoy alcanzado, el expediente no está cerrado. México tiene aún instituciones y pueblo frente a los que están al acecho.