Sin titubeos

La criticada ley

La recién aprobada Ley para Regular el Uso de la Fuerza Pública del Estado de México tiene muchas críticas. Hay quienes pretenden que la chispa de Atenco se encienda y avive el fuego en aquella región.

Ninguno de los críticos ha sido capaz de ofrecer argumentos serios, basados en datos objetivos. Solo basta leer el texto de la ley.

A la sociedad le hace falta ser informada de que antes no estaba reglamentado el uso de la fuerza pública. Hubo una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se legislara al respecto. De hecho, y eso lo omiten los detractores, la Ciudad de México emitió su ley respectiva mucho antes de que el Estado de México contara con la suya.

La ley estatal precisa en qué momento y circunstancias debe utilizarse la fuerza pública, la forma en que debe hacerse y la responsabilidad con la que se debe dar. Establece que el gobernador, el secretario general de Gobierno, el comisionado de Seguridad Ciudadana y el procurador general de Justicia, así como alcaldes y mandos policiacos son los responsables justamente de la intervención de la fuerza pública. Ello representa que las autoridades estatales quedan eximidas de responsabilidad.

Considera la capacitación de policías y erradicar el uso excesivo o mal uso de la fuerza y que favorezca el conocimiento teórico y práctico, así como la aplicación de técnicas, tácticas, métodos y armamento adecuado que permitan controlar, repeler o neutralizar actos sin que provoque daño a las personas.

Los elementos de seguridad deben apegarse a los principios de legalidad establecidos en el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internaciones celebrados por el Estado mexicano, y exclusivamente en los casos en que estén en riesgo los derechos de las personas e instituciones, la paz y el orden público, y esto está definido ya desde la SCJN.

Refiere los principios del uso de la fuerza, la forma para determinar sobre hacer o no uso de la misma en forma gradual, privilegiando el respeto a la vida y a los derechos humanos; el procedimiento que se debe seguir en los casos en que se oponga resistencia y lo referente a la elaboración y los datos de un informe policial sobre los hechos en la detención de una persona.

La ley no criminaliza la protesta pública pacífica al permitir que los cuerpos de seguridad actúen en contra de los manifestantes. Contempla el principio de progresividad en su artículo 12 y precisa que los elementos de seguridad pública actuarán de la misma forma ante diversos tipos de resistencia. Es decir, si la resistencia es pasiva aplicarán el uso de la fuerza de manera mínima; si la resistencia es activa o agresiva, podrán usar la fuerza activamente, pero sin poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Solamente podrán usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario.

Crea un Consejo Ciudadano que evaluará el desempeño de las fuerzas del orden y participará en la planeación. Vale la pena comentar la responsabilidad del Estado de reparar el daño y de indemnización por el ilegal uso de la fuerza.