El trabajo carcelario en México

Ariel Contreras Nieto

El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que el trabajo es un derecho. En México, el trabajo en la prisión es al tiempo un derecho y un requisito para la obtención de los beneficios de prelibertad; sin embargo, existen pocas oportunidades para ejercer el trabajo penitenciario.

Ante la carencia de espacios y condiciones laborales, muchos internos del país se dedican a elaborar artesanías por su cuenta en espacios abiertos o en sus propias celdas, y que venden en los días de visita familiar o que sus familiares comercializan en el exterior, con el objeto de allegarse de recursos para cubrir sus necesidades más básicas.

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, propone el cambio a un sistema predominantemente oral, con lo cual el Estado mexicano pretende mostrarse como un auténtico Estado respetuoso de los derechos humanos y de las garantías individuales de los ciudadanos. Entre los cambios que se propusieron está el de término de readaptación social por el de reinserción social, y se judicializó el Procedimiento de Ejecución de las Sanciones Penales.

La ley de ejecución de sanciones penales en materia federal, del 29 de abril de 2011, regula el tema de la reinserción y la ejecución de penas, incluyendo el funcionamiento de un juez especializado. Con la reforma, los principios que rigen la ejecución de penas son: debido proceso, dignidad e igualdad, trato humano, ejercicio de derechos, jurisdiccionalidad, celeridad y oportunidad, inmediación, confidencialidad, resocialización, gobernabilidad y seguridad institucional.

Así, nuestra Carta Maga en su numeral 18, segundo párrafo, establece los instrumentos para alcanzar la reinserción social: respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Considero que el sistema penitenciario ha fracasado debido a que, por diversos motivos, no ha cumplido con reinsertar a las personas que han compurgado una pena privativa de libertad, y uno de los factores ha sido la falta de fuentes de labor, así, el deseo del legislador queda en mera aspiración.