Los sistemas de protección de los derechos humanos instituidos en nuestra Carta Magna

Filiberto García Severo

Los operadores del Derecho, saben y conocen perfectamente que en nuestro país existen dos sistemas de protección a los derechos humanos: jurisdiccional y no jurisdiccional.

El primero de éstos encuentra sustento en lo preceptuado por los artículos 1 y 103 fracción l de nuestro máximo ordenamiento jurídico. Así, ambos dispositivos confieren a la Suprema Corte de Justicia, tribunales federales y estatales, facultades y prerrogativas para conocer de los asuntos sometidos a su consideración. Como consecuencia emerge la obligatoriedad de las autoridades judiciales para resolver de fondo todas las controversias y cuestiones planteadas por las personas cuyos intereses colisionaron en un juicio, a través de resoluciones de trámite y sentencias, debiendo observar en ellas los derechos humanos de los contendientes.

El segundo, encuentra soporte legal, en los numerales 1 y 102 apartado B de nuestra Carta Magna, creando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos estatales protectores de derechos humanos, facultándolos para conocer de acciones u omisiones de carácter administrativo que en el desempeño de sus funciones incurran servidores públicos; cuyas investigaciones son informales; empero, apegadas al derecho positivo que nos rige. Por otra parte, se exceptúa del conocimiento de los órganos nacional y estatales, entre otras, cuestiones de naturaleza judicial.

Una de las formas de conclusión de los expedientes de queja que tramitan las comisiones públicas protectoras de derechos humanos es a través de la emisión de recomendaciones, las cuales no son vinculatorias ni coercitivas; sin embargo, hace patente la mala actuación y desconocimiento del marco jurídico al que debe ceñirse el quehacer cotidiano de los servidores públicos.

En ese tenor, a partir de la reforma constitucional de 2011 los ciudadanos, inclusive peritos en la ciencia del Derecho se confunden, pues acuden a las comisiones de derechos humanos pretendiendo generen recomendaciones en los casos que son exclusivamente competencia de los jueces y tribunales.

Para concluir, toda cuestión en un litigio y sometida al conocimiento de las autoridades judiciales debe ser resuelta en esas instancias, dado que los tribunales y jueces están obligados a resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías establecidas en la Constitución y tratados internacionales. De lo anterior, se infiere que en la protección y salvaguarda de los derechos humanos de las personas no solo participan los organismos protectores de derechos humanos, sino también los jueces, magistrados y ministros.