La nueva institucionalización de las FARC-EP

Rodrigo Garza García

En seguimiento al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en la Habana, Cuba, en noviembre de 2016, las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia aprobaron el pasado 10 de mayo, el texto conciliado que permitirá la reincorporación política de la las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP). A reserva de ser avalado en control jurídico por parte de la Corte Constitucional, al nuevo partido se le garantizarían al menos 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes, además del 7% de la partida presupuestal del financiamiento público partidista para los periodos 2018-2022 y 2022-2026.

Luego de más de medio siglo de conflicto interno que ha dejado al menos 220 mil muertos y más de 7 millones de víctimas, la institucionalización de la guerrilla más importante y antigua del país está condicionada a la dejación total de las armas de más de 7 mil miembros, aglutinados en 26 puntos del país. Si todo sale según lo acordado, el estatuto del partido estará listo para finales de agosto.

Lo anterior no es nuevo en Colombia. Si bien es poco probable, se tiene que evitar lo que ya sucedió anteriormente con la Unión Patriótica; partido representante de la guerrilla que logró entre los años 80 y 90, elegir a 16 alcaldes, 256 concejales y 16 representantes en el Legislativo. No obstante, grupos paramilitares ordenados por el Estado, que cada día perdía más influencia, y alimentados por disidencias y sectores empresariales que no creían en la Unión Patriótica, asesinaron a más de 3 mil de sus militantes, entre ellos dos candidatos presidenciales y 13 congresistas. Toca ahora por parte tanto del oficialismo como del las FARC-EP, respetar acuerdos, y mantener estabilidad social y unión política.

Además de ello, el gobierno y el futuro partido de las FARC-EP tendrán que considerar con mayor atención a otros grupos subversivos, tales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y lo que queda del Ejército Popular de Liberación (EPL). La agenda legislativa sumará otros temas inscritos en el Acuerdo Final, como la reforma rural integral, la apertura democrática, la solución política al problema de los cultivos de uso ilícito, la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas, y el enfoque de género. Veremos qué alianzas aprovecha, cuáles candidatos postula y qué apoyo internacional recibe.