Los derechos humanos de las víctimas

Manuel Alejandro Aldama Ledezma


Los hombres buenos y generosos no crean víctimas;

cuidan de las víctimas.

Julian Assange

Los derechos humanos de las víctimas en nuestro país son tutelados en el precepto 20, apartado "C" de nuestra Carta Magna; considerados parte fundamental de todos los seres humanos que han sido ofendidos o víctimas de un delito -ya que hasta antes de las reformas constitucionales de 1993—, dentro de la investigación por parte del Ministerio Público solo se castigaba la afectación a la sociedad, más no a la de la víctima en particular.

Con estas reformas inició la etapa en la que se le otorgaron beneficios a la víctima, como el acceso a recibir asesoría jurídica, a la reparación del daño, a coadyuvar con el Ministerio Público y a la prestación médica, solo por mencionar algunos. En particular, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, además de apegarse a los diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, las víctimas resultaron más beneficiadas.

Así, las mayores exigencias sobre los derechos de las víctimas propiciaron la creación de la Ley de Víctimas del Estado de México, donde sus derechos son cuidados y protegidos por el Estado y las instituciones creadas para ello, como la Comisión de Atención a Víctimas de la entidad, la cual brinda la protección más amplia a los directamente afectados por un delito, con sensibilidad y empatía por parte de los servidores públicos, quienes velan porque los intereses de las víctimas sean respetados.

Por otro lado, respecto a la reparación integral, ésta va mucho más allá de lo económico, pues la persona humana es digna; y esta Ley de Víctimas constituye el enfoque a la persona en su valía per se, porque implica la reparación del tejido social y la atención psicológica para ella.

Cabe mencionar que, en la actualidad, los procedimientos son más agiles para la ejecución de las sentencias, sin dejar de lado la complicidad de cada uno de los casos; sin embargo, esta ley emplea mecanismos encaminados a la protección de los derechos de quienes fueron víctimas del delito, reconoce sus necesidades y vigila que no sólo se condene al actor del hecho delictivo, sino que se le brinden los beneficios a la víctima.

Por lo que, el hecho de que el Estado le dé importancia a los que fueron agredidos y brinde el apoyo con esta ley fue un gran acierto. Finalmente, la sociedad debe estar enterada de esta norma y de los beneficios a los cuales es acreedora a fin de conseguir justicia, uno de sus derechos.