Derechos humanos y tortura

Víctor Leopoldo Delgado Pérez


Recientemente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expidió la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, normatividad que está en contra de este flagelo que vulnera la base de los derechos fundamentales: la dignidad humana.

Esta ley establece la prohibición absoluta de la trata; además, refiere que comete este delito el servidor público que, con el objetivo de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro propósito, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; cometa una conducta tendente o capaz de disminuir o anular su personalidad o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento; o realice procedimientos médicos o científicos en alguien sin su consentimiento o sin el de quien legalmente pudiera otorgarlo.

Aunado a ello, estipula que la prevención en general deberá implementarse mediante programas de formación, actualización, capacitación y profesionalización. Por su parte, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar un sistema homologado de revisión sistemática de las normas, los procedimientos y los protocolos relativos a la detención, al interrogatorio o al tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de privación de la libertad, y del uso legítimo de la fuerza, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En cuanto a las víctimas de este flagelo, éstas tienen derecho a ser reparadas conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en términos de lo que establece la Ley General de Víctimas. Por lo anterior, es de celebrarse la expedición y la publicación de la citada norma, esperando que ésta sea eficaz, pues de nada servirá si no cumple su objetivo: prevenir, investigar y sancionar la tortura.