Los derechos humanos y la protección civil

Jesús Gabriel Flores Tapia

La protección de las personas ante los agentes perturbadores ya sean de origen natural o antrópicos, (sismos, inundaciones, incendios, epidemias, concentración masiva de personas) tienen como base los principios fundamentales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se advierte la obligación de todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos la vida, la propiedad, la salud, la vivienda, la familia, la seguridad personal y la seguridad social.

Es por ello que diferentes leyes buscan proteger estos derechos, como la Ley General de Protección Civil, que tiene por objeto la salvaguarda de la vida, la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ante la presencia de los agentes perturbadores, estableciendo una serie de acciones a cargo del estado para minimizar o prevenir sus efectos en la sociedad, desde integrar y operar los sistemas de protección civil, a través de los consejos y unidades de protección civil a quienes les corresponde elaborar y actualizar el atlas de riesgos, fomentar la cultura de protección civil y la participación activa de todas las personas, así como considera un delito grave, permitir y construir en zonas de riesgo.

Son muchas las construcciones que se encuentran en zonas de riesgo, ya sea por falta de planes y programas de desarrollo urbano, análisis de riesgo y vulnerabilidad. En este supuesto la autoridad de protección civil, debe velar por el cumplimiento de la ley, en pro de la protección de la vida, integridad física de las personas sus bienes y entorno, de no ser así, losderechos humanos antes citados, serían violentados.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México vela por el exacto cumplimiento de la ley, con el fin de garantizar los derechos de todas las personas, y en caso de que los derechos fundamentales sean violados por alguna autoridad se inicia un procedimiento de queja, ya sea de oficio o a petición de parte, pudiendo tener como resultado la emisión de una recomendación, que en síntesis es un llamado de atención para que se corrija el actuar del servidor público y sea sancionado por su conducta contraria a derecho, mediante la instauración de los procedimientos:administrativo disciplinario, civil y penal.