Los derechos humanos y la pena de muerte

Rodolfo M. Toledo

Dentro de los más preciados anhelos del ser humano están la vida y la libertad; sin embargo, éstos pueden verse afectados en cualquier momento, ya sea como consecuencia de una situación natural, por accidente o de manera dolosa.

Cuando la pérdida de la vida se da por consecuencias naturales se considera un hecho jurídico, en cambio cuando es a causa de un accidente ésta se debe a la falta de cuidado o pericia, propia o ajena; también puede ocurrir por dolo. En ambos casos puede haber una sanción por parte del Estado; en el primero, la penalidad será menor, a diferencia del segundo.

Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 4 dispone, entre otras cosas, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, así como que nadie puede ser privado de la misma arbitrariamente.

Se considera que en los países en los que no ha operado la abolición de la pena de muerte, ésta solo podrá aplicarse por delitos graves; en México, no es aplicable dicha disposición porque ya se abolió este castigo.

En el apartado 3 del artículo en comento se señala que no se restablecerá la pena de muerte en los países en que ha sido abolida; sin embargo, a pesar de esta disposición, en México hay muchas expresiones que se inclinan por el restablecimiento de la aplicación de este castigo, sobre todo porque los delitos graves han sido reiterados y en muchos casos éstos van en aumento.

En términos generales pudiera parecer una contradicción el contenido del artículo, al prohibir la aplicación de la pena de muerte y al mismo tiempo reconocer que hay países que en su normatividad aceptan la aplicación de ésta. Pero se debe tomar en consideración que la Convención no es competente para modificar ninguna norma jurídica de ningún país, en atención a la soberanía, elemento esencial del Estado.

Finalmente, resulta importante distinguir que la privación de la vida por particulares es transgresión a disposiciones de orden penal, por lo que el Estado debe imponer una sanción; y la pena de muerte, en algunas disposiciones jurídicas es permitida, y corresponde al Estado su aplicación.