Los derechos fundamentales de los menores

Juan Manuel Torres Sánchez

En el devenir de la historia, la familia está presente en toda sociedad. Hoy, esta institución enfrenta nuevos retos y desafíos, toda vez que en su concepto debe considerar modelos de organización que presentan una diversidad real.

Sobre esta idea, la infancia es protagonista importante al ser el centro de los esfuerzos de la institución familiar. Es inobjetable que la eficaz y oportuna protección de los intereses del niño y la familia debe brindarse con la intervención de instituciones o entidades administrativas; para lograr este objetivo, es preciso que las instancias especializadas en la impartición de justicia lo hagan de manera pronta, imparcial, eficiente y con un sentido humanista.

Al respecto, se ha legislado en el rubro de niñas, niños y adolescentes, así tenemos que existe la Convención de los Derechos del Niño que regula sus derechos, otorgando la protección más amplia aunado que tanto a nivel federal como estatal se cuenta con la Ley en ese rubro, que tiene como objetivo primordial garantizar el interés superior de la niñez salvaguardando irrestrictamente sus derechos fundamentales.

Los menores, como sujetos de derechos, detentan los mismos que los adultos, pero con la particularidad que les deben ser reconocidos aquellos que les corresponden bajo su condición, otorgándoles un trato digno e igualitario, por lo que deben recibir protección que el Estado y la sociedad deben garantizarles.

En ese tenor, se deben establecer los mecanismos pertinentes para que todo el personal inmerso en la impartición y administración de justicia, en su actuar se rija con estricto apego a los Derechos Fundamentales que establece la Ley Suprema, los Tratados Internacionales en la materia y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que son de observancia e interés general; por tanto, su conducta debe adecuarse invariablemente al respeto a sus derechos humanos.

Así, el establecimiento de lineamientos, protocolos, manuales y guías para quienes se encargan de impartir justicia en asuntos familiares permitirían un adecuado enlace y coordinación interinstitucional que tendrían como eje la intervención decidida y responsable a fin de privilegiar el interés superior del niño; sobre todo, en el entendido de que cada instancia podría clarificar cuál sería su participación y sus respectivos alcances, siempre con el objetivo de respetar la dignidad humana, sobre criterios y parámetros rectores en materia de derechos humanos.