El derecho a la verdad

El derecho a la verdad ha surgido como respuesta frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones a derechos humanos e infracciones por parte de la autoridad, la satisfacción de la ciudadanía depende invariablemente a la respuesta de la autoridad de la más completa verdad histórica. El esclarecimiento de la verdad permite a la víctima y familiares iniciar el proceso de reconciliación en tanto que la incertidumbre y el silencio incrementa la desconfianza e incredibilidad de las instituciones.

La falta de resultados en las investigaciones realizadas sobre los actos de violación a derechos humanos cometidos en contra de los ciudadanos, sigue causando daño y la situación deja como resultado un alto grado de impunidad ocasionando reclamos que hacen complicada la paz y la reconciliación en una entidad.

Con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, el 24 de marzo del 2015, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, comentó: "El derecho a la verdad, que es a la vez un derecho individual y colectivo, es esencial para las víctimas, pero también para la sociedad [...] El esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos del pasado puede ayudar a prevenir los abusos de los derechos humanos en el futuro".

Este derecho se encuentra vinculado a las garantías constitucionales de protección, a la obligación y el deber del Estado de garantizar los derechos humanos, de realizar investigaciones eficaces, así como de garantizar recursos efectivos para la reparación del daño. Asimismo, guarda relación con el derecho de acceso a la información que se encuentra en instalaciones y archivos estatales de acuerdo a lo que nos dice el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los múltiples acontecimientos de la historia han forjado este derecho, hechos lamentables, que ni el tiempo ha sabido dar una respuesta objetiva a quienes lo han padecido, es justo que nos adaptemos a la evolución de los derechos reconocidos universalmente y el Estado tenga la obligación de informar a la ciudadanía lo sucedido.