El derecho al debido proceso de la niñez migrante no acompañada en México

Ricardo Vilchis Orozco

Entre los derechos fundamentales que México, como Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), debe respetar, tiene especial relevancia el derecho al debido proceso de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados (NNAMNA) en tránsito al norte del hemisferio, por la factibilidad de su vulneración.

El territorio de la república mexicana forma parte del corredor internacional de personas migrantes más grande del orbe, el cual inicia en Centroamérica, y por el que transitan miles de personas en búsqueda de oportunidades de desarrollo y aún de supervivencia, valiéndose de las vías nacionales del tren, entre cuyos vagones se ha incrementado la presencia de NNAMNA, de quienes toda autoridad debe respetar su derecho al debido proceso a la luz de, al menos, los principios del interés superior de la infancia y no discriminación previstos en la CDN, sobre los cuales se sustenta la regla general de prohibición de detenciones de NNAMNA; del primero, se deduce la obligación de protección más amplia a su favor, y del segundo, la igualdad del goce y ejercicio de sus derechos.

El debido proceso "artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" es el conjunto de requisitos mínimos que el Estado debe respetar al desplegar actos privativos, para evitar indefensión, y respecto de los NNAMNA ellos tienen derecho a: la prohibición de su aseguramiento por su irregular situación migratoria, ser informado del motivo y razón de su detención, control judicial inmediato de la privación de libertad, a ser oído, presunción de inocencia, informar su detención a sus familiares o tutores así como a su consulado, asistencia legal gratuita, a intérpretes si desconoce el idioma español, que para la determinación de su edad se tome en cuenta su madurez psicológica, así como a recursos legales efectivos.

Por ello, toda disposición del orden jurídico nacional que resulte contraria a los principios mencionados será inconvencional por incompatible con la CDN y CADH y propiciará violaciones al debido proceso.