El derecho a la educación

Monserrat Martínez Velázquez

La educación es un proceso que facilita el aprendizaje, lo cual permite el desarrollo y progreso de las personas, las sociedades y los países, ésta es necesaria para mejorar el bienestar social, la calidad de vida, así como para acceder a mejores oportunidades de empleo y para fortalecer las relaciones sociales.

La baja calidad de la educación en México es un obstáculo para su crecimiento y desarrollo, pues inhibe la posibilidad de reducir los niveles de desigualdad y pobreza, ésta es una realidad que vive nuestro país, pues a pesar de que se implementen nuevas reformas al sistema educativo, el problema no se soluciona de raíz. Un ejemplo de esto es el incumplimiento de la ley con respecto al artículo tercero constitucional, el cual se modificó en 2012.

Entre las reformas que desde ese año estipula dicho artículo constitucional es el compromiso que el Estado mexicano adquirió de hacer cumplir plenamente el derecho a la educación en el nivel medio superior; sin embargo, ésta no se cumple a cabalidad, debido a que el ingreso a las instituciones públicas que imparten este nivel educativo restringen el acceso a través de un examen que tiene un costo.

Y si bien, el artículo tercero advierte que "Todo individuo tiene derecho a recibir educación [...] La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias"; no obstante, el Estado ha resuelto la alta demanda poniendo restricciones de acceso, lejos de considerar que se deben crear más espacios educativos, pues con la solución que se ha dado sólo se coarta el derecho a la educación de los aspirantes, y por lo tanto el derecho a disfrutar de una calidad de vida.

De tal modo que el Estado debe asumir un papel mucho más activo en la defensa de éste y otros derechos, a garantizarlos e incluso imponer sanciones a personas e instituciones que los violenten, tal como lo demanda el artículo primero constitucional: "todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad".