El cuidado del ambiente como un derecho

Luis Guillermo Sánchez López

Ambiente es todo aquello natural y artificial que en un momento y lugar precisos rodean a los seres vivos, afectando su ciclo de vida y, a su vez, determinando los valores sociales, naturales y culturales de las personas. Al respecto, es imperante precisar que de él se obtienen los recursos que se utilizan diariamente para subsistir; sin embargo, el abuso y mal uso pone en peligro la continuidad del planeta.

Ahora bien, los avances tecnológicos toman un papel importante en el tema, ya que si bien es cierto son necesarios para el progreso del mundo, se genera todo tipo de contaminación en grandes escalas, problemática que aunada a la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, provocan una alteración al medio ambiente y dañan los ecosistemas.

Debe recordarse que la Carta Magna, dentro de sus artículos primero y cuarto, señalan que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ubicándolo en la esfera jurídica del derecho humano; no obstante, día a día advertimos en los medios de comunicación, así como en la vida cotidiana, el deterioro ambiental que de manera irresponsable el mismo hombre genera por ignorancia, o bien, por ambición, sin darse cuenta que constituye un elemento indispensable para la conservación de la humanidad; por ello, está considerado como un bien público que debe ser tutelado de manera individual y por el Estado, tan es así que existen normas jurídicas a nivel nacional e internacional que lo salvaguardan.

En este sentido, debe puntualizarse que en los tres niveles de gobierno, se han creado instituciones para la preservación del ambiente, las cuales tienen como objetivo primordial cuidar, proteger y conservarlo, sabemos que esa tarea no es nada fácil, pero deben realizar su máximo esfuerzo para aplicar la ley con rigor a quien la transgreda e imponer las sanciones que en derecho procedan, además de lograr la sensibilización de la sociedad, por lo que debe de considerarse un reto para las dependencias gubernamentales, así como de los organismos protectores de derechos humanos, proteger ese derecho fundamental.