Cuando se hace referencia a la justicia en materia penal de derechos humanos se habla de violaciones y afectaciones masivas a la dignidad humana, éstas fueron el génesis que dio origen al progresivo reconocimiento de los derechos humanos a nivel nacional e internacional.
Resulta claro que el acceso a la justicia es un derecho humano que debe ser garantizado a la brevedad posible; por ello, cobra vigencia la expresión del promitente abogado, Eduardo Juan Couture, quien señaló: "Si el tiempo es oro; en término de procedimiento, es justicia".
Cabe señalar que, en México, el mérito de las reformas constitucionales de 2008 y 2011, en materia de derechos humanos y justicia penal, fue adecuar el sistema de justicia penal mexicano —en su diseño normativo— a los principios universales de igualdad y respeto a los derechos humanos, de justicia pronta y expedita, de protección a las víctimas y ofendidos por delitos, entre otros es decir, colocar a las personas en el centro del universo jurídico.
En este contexto, Baruch F. Delgado Carbajal, cuando en aquel entonces era presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Mexiquense, sostuvo: "La reforma constitucional en materia de derechos humanos no sólo es un cambio de década, sino que ésta constituye un cambio de época".
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que: "En una sociedad democrática, los derechos, las libertades y el Estado de Derecho constituyen una tríada; cada uno de sus componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros".
El acceso a la justicia ha estado presente en la tarea convencional de interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos humanos, porque en los hechos tiene eficacia saber cuál es la forma más segura de garantizar los derechos de las personas.
Finalmente, la consolidación de la Reforma Penal y los derechos humanos, depende del grado en que se logre incrementar la confianza social en todas las instituciones gubernamentales de nuestro país, ya sean de competencia federal, estatal o municipal, sin olvidar aquellas que imparten justicia en la profesionalización de jueces, fiscales y agrupaciones policiales.
