Transparencia ¿herramienta efectiva para la rendición de cuentas?

Everardo Camacho Rosales

Los avances económicos, políticos, sociales y culturales están directamente relacionados con la información y la posibilidad de disponer de ésta. En particular, la comunicación, elemento esencial de toda sociedad, se ha desarrollado a pasos agigantados, dando lugar a nuevas formas de interrelación humana, por ejemplo las redes sociales y su impacto en diversos ámbitos.

Los avances tecnológicos de nuestra era nos han abierto la puerta para acceder a una cantidad innumerable de datos en el menor tiempo posible. La informática ha cobrado trascendencia insospechada, de tal suerte, que para las recientes generaciones, el mundo no se concibe sin ésta. En consecuencia, las sociedades del planeta están obligadas a perfeccionar sus herramientas jurídicas y tecnológicas para garantizar que cada vez más personas tengan acceso a la información, pero además, que los datos que se ofrecen sean ciertos y confiables. Asimismo, debe anotarse que en este proceso se debe contar con el equilibrio y proporcionalidad necesarios entre el derecho a la información y el de la intimidad de las personas –protección de datos personales.

En México, los fundamentos del reconocimiento pleno del derecho a la información están establecidos en el artículo 6 constitucional, el cual obliga al Estado a ser garante de este derecho, lo que constituye un avance notable, y cuya ley reglamentaria aparece en el concierto nacional por vez primera en 2002, lo cual indica que este derecho humano es muy joven y por ende aún se encuentra en construcción.

Como muchos estudiosos lo han señalado, una de las condiciones de la vida democrática es la existencia de ciudadanos informados, dispuestos a participar en la vida pública con elementos de juicio suficientes para fundar sus decisiones de elección o juicios, y no opinar por opinar, ya que ahora a diferencia del siglo pasado tenemos los mecanismos implementados por el Estado para acceder a la información de cualquier institución pública.

Por lo que los ciudadanos deberíamos hacernos la siguiente pregunta: ¿para qué queremos el derecho a la información pública? Desde mi punto de vista lo necesitamos para dos cosas, la primera, para el monitoreo de la Administración Pública, no sólo en términos presupuestales sino también de objetivos y metas cumplidas. La segunda, para incidir como ciudadanos en acciones que nos afectan para tener voz en la construcción e implementación de políticas públicas y además interesarnos en lo colectivo, así como participar de la generación del bien común.

Sin embargo, aún existen personas que consideran este derecho algo inútil, pero hagamos una reflexión, si cada vez son más los políticos que son evidenciados por malas prácticas, ¿de dónde creen que sale toda esa información?