Protección de las personas en las cárceles municipales

Zulairam Janet Arreola Arreola

Tanto las áreas de reclusión como las cárceles de los municipios de la entidad son espacios relevantes para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Por ello, los servidores públicos adscritos a este organismo visitan las cárceles municipales para promover, proteger y garantizar el cumplimiento de distintos aspectos que operan al interior de éstas. Además, verifican que las sanciones administrativas sean aplicadas por el oficial calificador y que sean acordes con el motivo de la detención, tal como lo estipula el artículo 150, fracción II, inciso b de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; con la finalidad de que se garanticen los derechos humanos de las personas que se encuentran recluidas.

En caso de que alguna persona sea acreedora a una sanción administrativa por alterar el orden público o ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, los servidores públicos de este ámbito están obligados a ejercer sus funciones y establecer las formalidades distintivas del procedimiento administrativo, dispuesto para impartir justicia en relación con los principios de legalidad y seguridad jurídicas.

Es fundamental establecer protocolos de actuación, en los cuales se instituyan parámetros para ejercer la función pública con estricto apego a los derechos de las personas; con la finalidad de erradicar prácticas arbitrarias y omisas al interior de las cárceles municipales.

Los menores de edad que transgredan el bando municipal deberán permanecer en áreas abiertas, vigilados de forma permanente por los elementos de seguridad para salvaguardar su integridad física y emocional. A su vez, las autoridades deberán informar a sus padres o a quienes ejerzan la patria potestad o tutela de ellos, para que asuman la responsabilidad que les corresponda.

De acuerdo con lo establecido en el artículo primero, párrafo tercero de la Constitución federal, las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, para lo cual, deben considerar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Sobre esta base, es imperativo que todo acto u omisión de los servidores públicos se sujete a investigación, y en su caso, se sancione.