Personas defensoras de derechos humanos

Víctor Leopoldo Delgado Pérez

Recientemente el organismo autónomo nacional de protección y defensa de los derechos humanos en México emitió la Recomendación General N° 25 sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos.

En dicha resolución, que se puede consultar íntegramente en la página oficial de la cndh, se establecieron como antecedentes que las personas defensoras de derechos humanos contribuyen a la protección de los derechos fundamentales, tanto a nivel local como internacional, ayudando a construir el sistema democrático de nuestro país; no obstante, son objeto de agresiones que sufren y que van desde las amenazas hasta los homicidios y desapariciones, por el solo hecho de realizar su actividad.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que debe ser considerado defensor o defensora de derechos humanos toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional.

De igual forma destaca que las personas defensoras de derechos humanos son un enlace entre la sociedad civil, en el plano interno, y el sistema de protección de los derechos humanos, en el ámbito internacional, por lo cual su papel en la sociedad es fundamental para garantizar y salvaguardar la democracia y el Estado de derecho.

No obstante, las personas defensoras de derechos humanos enfrentan, por su labor, distintas amenazas que abarcan un amplio abanico de conductas en su agravio, como los controles administrativos y financieros arbitrarios; violación de su domicilio, la correspondencia y las comunicaciones; campañas de desprestigio y el inicio de acciones penales; agresiones, robos, amenazas y hostigamientos; ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; actividades de inteligencia en contra de ellos, así como la impunidad en las investigaciones, entre otras.

Así, la labor cotidiana de las personas que dedican su vida a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos resulta peligrosa; sin embargo, encausar a estas personas a que se les haga justicia es una oportunidad única, para contribuir a la tutela de los derechos fundamentales y a un Estado de derecho.