Nuevo Modelo de Justicia Penal

Red Social por Carlos Iriarte

El nuevo Sistema de Justicia Penal se constituye a partir de una reforma jurídica sin precedentes en México. Se diseñó bajo la lógica de garantizar la protección de los derechos humanos de aquellas personas que viven un proceso penal, ya sea como víctimas o como imputados.

La transición para adoptarlo en todo el territorio nacional comenzó en 2008 y concluyó el 18 de junio de 2016. Su puesta en marcha ha sido resultado de la colaboración entre ciudadanos organizados e instituciones del sector de justicia, quienes pensaron en un nuevo modelo procesal capaz de ofrecer un sistema de justicia de mayor calidad.

Para ello, se emprendieron modificaciones profundas en la legislación; incluso, hay quienes destacan que se hicieron cambios que no se habían realizado en todo un siglo. El proceso para la transformación en la impartición de justicia implicó una inversión de 21 mil millones de pesos, de los cuales, el 80% fueron financiados por el actual gobierno federal.

La columna vertebral de la reforma se orienta a que las audiencias y los juicios sean orales y públicos, planteada con el propósito de garantizar la transparencia y el debido proceso. Una segunda particularidad son las salidas alternas, que sirven para lograr acuerdos que permitan la reparación del daño y una sanción más efectiva que la prisión; esto último sólo para casos que lo ameriten o sean delito menor, con el fin de alentar la conciliación y buscar métodos alternativos de justicia. Otro gran avance es que las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la policía deben contar con rigor científico, para así asegurar que el culpable sea sancionado justamente y no existan inocentes en prisión.

Algunos estudios señalan que esta decisión era necesaria y además expresaba un alto grado de preferencia y legitimidad por parte de los ciudadanos. Entre los efectos positivos destacan: la despresurización del sistema de justicia, el aumento de satisfacción de los usuarios, la reducción de costos del proceso judicial, la solución de los conflictos y juicios en menor tiempo, así como la dignificación del papel de jueces y abogados. Esta reforma contribuye a afianzar, en un marco de libertades públicas, nuestro Estado de derecho.

Con este cambio de paradigma hemos dado, como sociedad, un nuevo e importante paso en el fortalecimiento de nuestra justicia; sabemos trabajar en equipo –gobierno y ciudadanos– y, asimismo, hemos hecho compromisos de largo aliento, cuyos beneficios aumentarán conforme se consolide el Sistema Acusatorio. Festejemos este primer logro y, también, trabajemos para que en el proceso podamos mejorar.