Jóvenes y derechos humanos

Javier Mercado Villanueva

Nuestra Carta Magna refiere en su artículo primero que toda persona debe gozar de los derechos humanos reconocidos por la misma, y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; por ello, resulta necesario que las autoridades en el ámbito de sus competencias se obliguen a promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos fundamentales de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

De lo anterior podemos deducir que las personas menores de dieciocho años que hayan participado en la ejecución de conductas tipificadas como delito por la Ley deberán ser sujetos a rehabilitación y asistencia social, por lo cual, se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y al interés superior del adolescente; también se deberán observar las formas alternativas de justicia en la aplicación de este sistema, siempre y cuando resulten procedentes.

Es importante mencionar que en todos los procedimientos se deben garantizar el debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas de orientación y reintegración; como ejemplo, en caso de que algún joven sea retenido por ejecutar infracciones administrativas se debe dar aviso inmediato a sus padres o tutores con la total finalidad de evitar causarle un daño psicológico.

Durante su estancia en los espacios de retención o internamiento se debe generar una separación por edad y sexo, así como proporcionarles alimentos y sobre todo que el tiempo de su permanencia en los lugares de orientación regenerativa sean ubicados en áreas abiertas. Por otra parte, el internamiento para los adolecentes debe utilizarse como medida extrema y por el menor tiempo que proceda, este podrá aplicarse únicamente a los jóvenes mayores de catorce años involucrados en la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.

Entre otras cosas, se debe procurar que ningún adolescente sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, esto con la total finalidad de privilegiar el interés superior de los menores en conflicto con la ley penal.