Igualdad, para dignificar a la persona

Ricardo Tulio Otero Caballero

El tema de los derechos humanos constituye un campo de estudio en si mismo indeterminado y tradicionalmente atendido por juristas, filósofos y antropólogos, pero sólo puntualmente englobado en la órbita de los historiadores del derecho y de las instituciones, pese a la importancia que tiene la perspectiva histórica en el análisis de este tipo de derechos.

En el mundo contemporáneo, los derechos humanos se presentan como resultado de un proceso de evolución rastreable en etapas anteriores, pudiendo constatar que en cada momento histórico ha habido una explicación y una justificación de tales derechos que, pese a la modificación de contenidos, constituye un precedente insoslayable para la formulación, la incorporación y la teorización de los derechos humanos a los ordenamientos jurídicos vigentes.

Es menester apuntar que se entiende por derechos humanos, aquellas prerrogativas que el ser humano posee por el hecho de ser persona, por su propia naturaleza y dignidad. Constituyen una dotación jurídica básica idéntica para todos, que corresponde a cualquier persona para desarrollar la personalidad, la dignidad y el valor del ser humano en cuanto tal. Pese a que su origen no radica en la concesión de la sociedad política, ésta ha de consagrarlos y garantizarlos.

Vinculado a lo expuesto, es requisito hacer referencia a la dignidad humana como condición suprema, propiciando con ello que todos los seres humanos tengamos una igualdad esencial, prescindiendo de la diferente condición psico-física, social, económica o cultural en que nos encontremos dentro de la sociedad. Por ende, este privilegio esencial traducido en el derecho a la igualdad, así como el resto de los derechos reconocidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encuentra su fundamento último en la dignidad de la persona humana.

Ahora bien, el que todo ser humano tenga derecho a ser tratado de la misma manera, en cualquier circunstancia, implica, respecto del Estado garante, el deber jurídico correlativo por parte de las autoridades que lo integran, consistente en la ausencia total de cualquier clase de tratos discriminatorios que atenten contra la dignidad humana, cumpliendo con la finalidad de abolir el abuso de poder por parte de las autoridades en contra de los gobernados.

Resultan innegables los avances que se han venido dando, en todos los niveles, rumbo a la protección del derecho fundamental a la igualdad. Sin embargo, tampoco puede pasarse por alto el hecho de que su constante violación continúa vigente, especialmente tratándose de los grupos vulnerables o marginados.