Derechos Humanos y Reinserción Social en México

Ricardo Vilchis Orozco

Tras la creación del Estado, la humanidad emprendió la construcción de la cultura, probablemente basada en los ideales de libertad, justicia y fraternidad; el Estado sería entonces responsable de velar por el respeto a los derechos fundamentales, así como de garantizar el acceso a medios idóneos para la satisfacción de necesidades básicas en un ambiente de seguridad y paz social, en el cual, quien incurra en conductas antisociales reciba la conducente pena corporal, cuyo cumplimiento involucra los sistemas penitenciarios, mediante que aspira, además, a la reinserción social.

Así, por su relevancia para el desarrollo de las personas privadas de libertad y su repercusión en la seguridad pública, la readaptación social figura entre los derechos fundamentales que México debe respetar como Estado parte, inter alias, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

La reinserción social del sentenciado, como objetivo del sistema penitenciario, se prevé en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al enunciar que éste se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte; lo cual implica que toda persona privada de libertad cumpla la pena impuesta en condiciones compatibles con su dignidad y tenga acceso a tratamiento penitenciario que, al tiempo de prevenir la reincidencia, le brinde herramientas útiles para la vida en libertad.

Por ello, el Estado debe brindar tratamiento penitenciario con pleno respeto a los derechos humanos, relacionados con la situación jurídica, estancia digna y seguridad en prisión, integridad, desarrollo de actividades productivas y educativas, vinculación social, mantenimiento del orden y aplicación de sanciones, sin olvidar los requerimientos de grupos especiales de internos en centros de reclusión; por ende, toda disposición del orden jurídico nacional contraria a lo anterior será inconvencional por incompatible con el PIDCP y la CADH, además de propiciar violaciones a derechos humanos.