Derecho a recibir educación pública gratuita

Carlos F. Valdés Andrade

El derecho a la educación está considerado como uno de los más indispensables, por lo que todo Estado de Derecho debe garantizarlo, ya que es la parte toral de las demás prerrogativas, pues le permite a las personas contar con las herramientas necesarias para exigir el cumplimiento de los otros derechos que le son inherentes; además, conforma el eje rector del desarrollo social, cultural y económico de un país.

Es por ello que el Estado mexicano determinó garantizarlo a través de los ordenamientos de mayor jerarquía, pues a la fecha está consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que obliga literalmente la implementación de acciones necesarias para ampliar constantemente el sistema educativo e incursionarlo en todos los niveles de forma gratuita.

Sin embargo, en la actualidad se ha incrementado el número de inconformidades de las personas usuarias del servicio que prestan las instituciones educativas de carácter público, a quienes en la mayoría de los casos se les condiciona el acceso a cambio del pago de cuotas denominadas voluntarias.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, atenta de proteger y garantizar la cultura de respeto a los derechos humanos de las personas, entre ellos el acceso a la educación pública y gratuita que debe proporcionar el Estado, constantemente realiza visitas de inspección a los diferentes Planteles del Sistema Educativo Estatal para verificar que los servidores públicos por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia condicionen el servicio, que nuestra propia Carta Magna y los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México, han determinado garantizar.

Oportuno resulta mencionar, que tanto la Secretaría de la entidad y los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (seiem), en todo momento han coadyuvado con esta defensoría de habitantes para que se garantice el derecho a la educación de las personas que lo requieren; no obstante, resulta imperioso que las instancias competentes implementen políticas públicas que permitan fortalecer el cumplimiento de los preceptos invocados en beneficio de la sociedad.