Derecho a la protección de la salud de los niños y niñas

Juan Gabriel Caballero Sibaja

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo cuarto que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, debiendo el Estado velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos como la salud para su desarrollo integral.

Ahora bien, la Secretaría de Salud de la entidad se encarga de conducir la política estatal en materia de salud en los términos de la legislación aplicable; aunado a esto se encuentra el Reglamento de Salud del Estado de México, que regula el cumplimiento del Libro Segundo del Código Administrativo del Estado, cuyo objetivo es garantizar y proteger el derecho a la salud de la población a través de los servicios públicos de salud que presta el Estado.

Ahora bien, es de señalarse que para los niños y niñas, el derecho a la salud es vital por ser seres vulnerables y más expuestos a las enfermedades o las complicaciones de salud. Al proteger a los niños de las enfermedades, éstos podrán llegar a la edad adulta con buena salud y contribuir así a su pleno desarrollo de sociedades más dinámicas y productivas, es por ello que los niños y niñas necesitan de una atención médica responsable para disfrutar del mejor estado de salud posible, para poder desarrollarse adecuadamente durante toda su infancia y adolescencia.

Normalmente, un niño o niña, que haya podido beneficiarse de los cuidados sanitarios apropiados durante las diferentes fases de su desarrollo, disfrutará del mejor estado de salud que le sea posible alcanzar y podrá desarrollarse hasta llegar a convertirse en un adulto con buena salud.

Cabe señalar, que los organismos protectores de derechos humanos, dentro de su competencia tienen la facultad de proteger, divulgar y conocer de hechos que sean contrarios a lo señalado en el marco jurídico en materia de salud, por lo que dichos organismos, así como la Secretaría de Salud, tienen la obligación de tomar las medidas necesarias a efecto de garantizar el pleno goce a la protección a la salud.