La Constitución y el respeto por las personas a la luz de los derechos humanos

Agustín Hernández Martínez

A casi un siglo de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ésta ha sufrido diversas adecuaciones a los preceptos que la integran; muestra de ello, es la significativa reforma a su artículo primero que data del 10 de junio de 2011, donde se destaca que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el país sea parte.

Esta noción permite un parteaguas en el concepto del principio de supremacía constitucional en materia de derechos humanos, ya que el predominio de la carta magna no se concreta exclusivamente a su contenido, sino que los tratados internacionales adquieren su misma condición.

En ese sentido, se manifiesta la obligación por parte de las autoridades de apegarse a las disposiciones normativas aplicables para la observancia de los derechos humanos al interior de su esfera competencial en los órdenes de gobierno dentro del sistema federal mexicano, lo que se traduce en que la autoridad que haga vigente un precepto que pueda vulnerar al particular, debe contar con la facultad de dictarlo dentro de su competencia, ajustándose a lo señalado por la ley suprema.

De tal suerte, que el Estado debe garantizar que su actuar frente a los gobernados esté sujeto a los ordenamientos legales que delimiten su intervención en armonía con sus atribuciones; de lo contario, éstas incurrirán en faltas que podrían constituir violaciones a derechos primigenios.

De ahí la importancia de armonizar la normativa de los municipios con las disposiciones constitucionales de derechos humanos, para evitar que el máximo ordenamiento municipal contradiga lo establecido por leyes superiores, tal y como se constriñe en el criterio sostenido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en la Recomendación general número 1/2016, precisamente al observar que los municipios mexiquenses estiman conductas de los gobernados como faltas administrativas, cuando éstas se encuentran tipificadas como delitos, que por su naturaleza compete conocer al ministerio público, circunstancia que podría afectar al ciudadano al provocar, entre otras cosas, la posibilidad de un doble enjuiciamiento.