El Código Militar a la luz de los derechos humanos

Leticia Orduña Santacruz

El 22 de marzo de 1950, por decreto presidencial, se estableció el 19 de febrero como el día del Ejército mexicano. En los dos últimos años, las fuerzas castrenses sufrieron dos cambios relevantes: nunca debe ser juzgado un militar por un tribunal militar cuando la víctima del delito sea un civil y se hayan violado sus derechos humanos en consecuencia de ese delito; y el otro, los delitos cometidos por militares que no afecten bienes jurídicos de la esfera castrense deben ser juzgados por tribunales ordinarios, aunque no haya civiles involucrados.

Las resoluciones de la Suprema Corte son substanciales en aras del derecho a la justicia y la búsqueda de la verdad. Son interesantes y dignas de análisis las consideraciones a través de las cuales dio soporte a las resoluciones por las que quedaron modificados aspectos del Código de Justicia Militar, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 1933.

Estas modificaciones al Código Militar se realizaron en gran medida por la resolución internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 23 de noviembre de 2009, en el caso Rosendo Radilla Pacheco, donde se aludió la necesidad de reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar relativo al fuero de guerra, tema por demás controvertido, demarcando al fuero militar y dictaminando explícitamente remitir a tribunal civil este caso.

Entre los ministros se llegó a la conclusión de que no se puede proceder en correspondencia con el Código de Justicia Militar debido a que no se trata de una falta al mismo, sino de una serie de actos que concluyen en la transgresión de los derechos fundamentales de un civil.

El derecho a la justicia y la verdad son primordiales en el ejercicio de los derechos humanos, y estoy segura de que este acotamiento a las funciones del Ejército son culminantes porque tocan temas delicados como las desapariciones forzadas (que constituyen un crimen de lesa humanidad) y la persecución; que conllevan al deber de respetar, proteger y defender los derechos primigenios.