Artículo 10 constitucional, derecho humano o tabú

César Archundia Camacho

En nuestra Carta Magna existen algunos derechos humanos que son considerados un tabú por el Estado mismo, tal es el caso del artículo 10, el cual ostenta el derecho que tenemos los mexicanos a poseer armas en nuestro domicilio para nuestra seguridad y legítima defensa, no debe considerarse como un precepto jurídico de nueva índole ya que data de la Constitución de 1857 y adoptada por la Constitución de 1917.

Este artículo ha causado mucha controversia en el país desde que fue plasmado, incluso ha sido motivo de censura o nula difusión por parte del Estado puesto que muchos consideran que contraviene el artículo 17 primer párrafo del mismo ordenamiento: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho". Sin embargo, la naturaleza de este artículo 10 se fundamenta en el derecho que tenemos a defender a nuestra familia y nuestro patrimonio ante circunstancias radicales, en las cuales no tengamos otra opción que utilizar un arma de fuego para poder salvaguardar lo antes citado.

El ambiente de violencia que se vive en el país ha dado origen a que muchos mexicanos quieran poseer armas de fuego en su domicilio para su legitima protección, y se han enfrentado a la difícil tarea que es adquirirla de manera legal, ya que sólo puede ser mediante la Secretaría de la Defensa Nacional específicamente la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, se comprende que es un trámite que dura semanas, generando que los particulares opten por su compra en el mercado negro y esto conlleve a que cometan un ilícito, y ni mencionar la oportunidad de poder portarla, porque entonces los requisitos se vuelven cuasimposibles de cumplir ya que la legislación secundaria circunscribe esta posibilidad.

Entonces, el Estado tendría que agilizar y suprimir algunos requisitos complejos así como implementar más puntos de venta en las diversas zonas militares con las que ya se cuenta en todo el territorio mexicano, para que los ciudadanos puedan adquirirla y con esto ejercitar el derecho humano que está estipulado en nuestra Constitución, favoreciendo un registro real del número de armas que existen en México, y al mismo tiempo evitando su compra por parte de los particulares en el mercado negro.

En caso contrario el legislador deberá valorar la utilidad de este precepto jurídico para conmutarlo, o bien, derogarlo de la propia Carta Magna, toda vez que no se cumple en la praxis lo que ahí establece, pero tiene que tomar en cuenta que el Estado no es omnipresente como lo ha evidenciado en diversos casos, y es ahí donde debe prevalecer la importancia de este derecho humano para poder defender lo más preciado para el ser humano; la vida de nuestra familia, la de nosotros mismos, y de manera secundaria nuestro patrimonio.

No se trata de ser subversivos, sino más bien exigir nuestros derechos humanos y que el Estado los garantice como establece el concepto.